La empresa china Hong Kong CK Hutchison Ports, a través de su filial Panama Ports Company (PPC), ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado de Panamá tras la anulación de su concesión para operar dos puertos en el Canal de Panamá, decisión tomada por el Tribunal Supremo del país centroamericano.
En un comunicado emitido por PPC, se detalla que este arbitraje se produce como resultado de lo que la empresa califica como una “campaña del Estado panameño” en su contra, que ha incluido una serie de acciones que han causado “daños graves y daños adicionales” a la firma. PPC argumenta que el arbitraje se fundamenta en el incumplimiento del contrato-ley que ha regido su relación con Panamá durante casi tres décadas.
La empresa exige una indemnización “amplia”, la cual se basará en una evaluación de datos financieros relevantes y está sujeta a una resolución rápida. PPC ha destacado sus esfuerzos por mantener un diálogo con el gobierno panameño, pero ha señalado que, a lo largo del último año, sus intentos de consulta han sido desestimados de manera rutinaria.
“A lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad”, se indica en el comunicado de PPC. A pesar de las tensiones y el arbitraje iniciado, la empresa ha reiterado su invitación al gobierno panameño para que se brinde claridad y se realicen consultas para resolver la situación.
La controversia se intensificó cuando la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato otorgado a PPC para operar los puertos, un acuerdo que data de 1997 y que había sido prorrogado en varias ocasiones. Esta decisión ha sido objeto de críticas, incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado la influencia china en la infraestructura panameña.
Desde China, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado ha calificado el fallo panameño como “jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo”. En su cuenta de WeChat, expresaron que la declaración de inconstitucionalidad del contrato por parte de Panamá podría sentar un precedente peligroso, permitiendo que otros contratos de concesión sean igualmente cuestionados en el futuro.
El gobierno chino ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, advirtiendo que no permanecerá inactivo ante lo que considera intimidación hegemónica.
