La Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el mar Caribe, persiguiendo a un buque petrolero sancionado que se dirige a Venezuela, en un contexto de creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta acción se produce tras el anuncio de una segunda incautación en menos de dos semanas, lo que refleja un enfoque más agresivo hacia las embarcaciones vinculadas al gobierno venezolano.
El buque en cuestión, conocido como Bella 1, estaba navegando con bandera falsa y bajo una orden de incautación judicial. Según un funcionario de la Guardia Costera, la persecución del domingo se refiere a “una embarcación de la flota clandestina sancionada que es parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”. La tripulación del Bella 1 se negó a ser abordada y cambió su rumbo hacia el Atlántico, enviando 75 mensajes de alerta a otras embarcaciones cercanas.
La incautación más reciente antes de esta persecución fue la del buque Centuries, que fue interceptado a primera hora del sábado. La Casa Blanca describió esta embarcación como una “embarcación con bandera falsa operando como parte de la flota clandestina venezolana para traficar petróleo robado”. Además, el 10 de diciembre, la Guardia Costera, con el apoyo de la Marina, había incautado otro petrolero sancionado llamado Skipper, que también formaba parte de la flota fantasma de buques petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Este último buque no estaba navegando con la bandera de ninguna nación en el momento de su incautación.
La razón detrás de estas acciones es la política de presión ejercida por Estados Unidos sobre Venezuela. Tras la primera incautación, Trump declaró que Estados Unidos llevaría a cabo un “bloqueo” de Venezuela, intensificando así su campaña contra el gobierno de Maduro. El mandatario ha exigido la devolución de activos que fueron incautados a compañías petroleras estadounidenses en el pasado, justificando su postura con el argumento de las inversiones perdidas en el país sudamericano. Esta estrategia se enmarca en un contexto más amplio de disputas sobre inversiones petroleras y acusaciones de tráfico de drogas que han caracterizado las relaciones entre ambos países.
