El Gobierno chileno está considerando alternativas para evitar un aumento en las tarifas eléctricas durante 2026, en medio de una deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía que supera los 800 millones de dólares. Esta deuda se origina en el retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debía aplicarse entre 2020 y 2024, pero fue postergado debido al estallido social y la pandemia de Covid-19.
El subsecretario de Energía, Hugo Briones, explicó que el objetivo es encontrar un método que permita abordar esta deuda sin trasladar el costo a los consumidores. “Hay una deuda que debemos pagar por el valor agregado de distribución que bordea a los US$ 800 millones, poco más o poco menos, dependiendo de los intereses, y que tenemos que ver cuál es el mejor mecanismo, la mejor fórmula, que a nosotros nos implique pagar lo menos posible. Lo que estamos buscando es una metodología y un método que nos permita no subir las tarifas”, afirmó Briones en una entrevista con La Tercera.
Inicialmente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había establecido que el cobro asociado a esta deuda comenzaría en abril de este año, pero se decidió postergar su implementación hasta julio, con el fin de no sumar este cargo a otros aumentos recientes, como el incremento en los combustibles, en un contexto de inestabilidad internacional.
Entre las opciones que se están evaluando, se encuentra la posibilidad de evitar que este componente se traduzca en un aumento de tarifas durante 2026, trasladando parte de sus efectos hacia el futuro. Briones mencionó que se está revisando un decreto ingresado el 9 de febrero, que establece un alza de 1.450 pesos por 48 meses, y que se busca una fórmula más favorable que se anunciará antes del 1 de julio.
Una de las claves de la propuesta es el uso del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), que expira en 2028 y que actualmente influye en el cálculo de las tarifas eléctricas. La idea es aprovechar la disminución que se generará cuando este mecanismo deje de regir, utilizando parte de esa baja futura para compensar el efecto de la deuda en el presente. Briones destacó: “Eso también entra a jugar en el cálculo de la tarifa completa. Eso es un efecto que debemos considerar también y que podría conjugar en la fórmula final para poder equilibrar y no impactar en los bolsillos de los clientes. En el fondo, lo que todos queremos es no me suba la cuenta de la luz”.
Desde el sector energético, esta alternativa es vista como una opción que podría aliviar el impacto inmediato en los consumidores, aunque se advierte que el escenario tarifario no depende únicamente del componente de distribución. El académico de la Usach, Humberto Verdejo, señaló que, aunque se podría evitar el aumento en la distribución, otros componentes como la generación y transmisión sí podrían experimentar incrementos.
Por otro lado, algunos expertos han expresado preocupaciones sobre los efectos a largo plazo de esta decisión, especialmente si se opta por mecanismos como la securitización de la deuda. El abogado Rodrigo Castillo comentó que esta alternativa podría ser razonable, pero también podría aumentar la deuda con intereses. Asimismo, el profesor Héctor Chávez indicó que la baja proyectada en el componente energético podría permitir absorber ajustes sin generar un aumento significativo en las cuentas de los consumidores.
