El Gobierno de España ha aprobado una nueva ley que regulariza a aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados en el país, lo que ha suscitado críticas de las fuerzas policiales.
La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Pedro Sánchez, tiene como objetivo proporcionar seguridad jurídica y garantizar derechos básicos a una población que ya forma parte de la realidad social española. Según la normativa, podrán beneficiarse de esta regularización aquellos inmigrantes que se encuentren en territorio español antes del 31 de diciembre, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia continua.
Una vez que los solicitantes cumplan con estos requisitos, la administración competente emitirá una resolución favorable que les otorgará una autorización de residencia por un año, la cual podrá convertirse posteriormente en una autorización ordinaria de residencia. Sin embargo, el proceso no será inmediato. En una primera fase, se concederá una autorización provisional que permitirá a los beneficiarios trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, incluyendo el sistema público de salud, mientras se completa la tramitación administrativa definitiva.
El Gobierno estima que los inmigrantes que cumplan con las condiciones podrán comenzar a presentar sus solicitudes entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, se ha comprometido a resolver los expedientes en un plazo máximo de tres meses desde su presentación.
No obstante, la medida ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones profesionales de la Policía Nacional, que consideran que la regularización masiva es un acto de “absoluta irresponsabilidad”. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la falta de refuerzos en las plantillas y garantías operativas, lo que podría trasladar toda la carga a la Policía Nacional y agravar la presión en fronteras y servicios ya saturados.
El SUP también ha señalado que ni el Ministerio del Interior ni el de Migraciones han proporcionado instrucciones claras sobre cómo se garantizará la seguridad, quién asumirá el control policial y con qué recursos se ejecutará la medida. “A día de hoy, no existe explicación alguna sobre quién verificará identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales ni cómo se absorberá una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas, en un cuerpo policial ya saturado”, advierte el sindicato.
Asimismo, el SUP ha enfatizado que el hecho de no tener antecedentes penales no implica la ausencia de antecedentes policiales, y que una regularización masiva sin un análisis individualizado podría representar un riesgo para la seguridad pública.
