El Gobierno chileno ha generado controversia al anunciar “correcciones administrativas” a la ley de las 40 horas, un proyecto emblemático de la administración de Gabriel Boric que está siendo analizado con atención.
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, explicó que el objetivo de este análisis es fomentar la creación de empleo, asegurando que no se busca eliminar la normativa vigente. Sin embargo, la forma en que se implementará esta ley ha suscitado inquietudes entre parlamentarios y organizaciones gremiales.
Uno de los puntos más debatidos es un dictamen emitido en febrero por la Dirección del Trabajo (DT), que establece criterios específicos para la distribución de horas laborales en ausencia de un acuerdo entre empleadores y trabajadores, lo que podría resultar en la reducción de una hora al final de la jornada laboral. La senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, criticó esta medida, argumentando que el Gobierno intenta despojar de contenido a la ley, lo que afectaría negativamente la calidad de vida de muchas familias que dependen de este tiempo adicional para compartir.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el secretario general, Erick Campos, también expresó su preocupación por los posibles cambios en la aplicación de la ley. Campos advirtió que cualquier modificación podría representar un retroceso en los derechos laborales, señalando que alterar el dictamen de la DT podría relativizar un derecho que fue objeto de un amplio debate. Además, mencionó que existe una perspectiva ideológica en ciertos sectores empresariales que asocian la generación de empleo con la reducción de derechos laborales.
Por otro lado, desde el oficialismo, los representantes han adoptado una postura cautelosa, esperando recibir la propuesta del Gobierno antes de emitir un juicio definitivo. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, afirmó que las 40 horas son un derecho ya establecido y que no se debería retroceder en este aspecto.
En contraste, el dirigente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME), Héctor Sandoval, valoró la revisión de los dictámenes, argumentando que la ley ha complicado la situación de las pequeñas y medianas empresas. Sandoval considera que la revisión podría evitar que los trabajadores se opongan a las reducciones de horas propuestas por sus empleadores, lo que podría llevar a una aplicación más equilibrada de la normativa.
A pesar de las preocupaciones, desde el Gobierno del presidente José Antonio Kast se ha indicado que cualquier modificación buscará ordenar y clarificar la normativa, aunque aún no se ha presentado un plan estratégico concreto para llevar a cabo estas intenciones.
