Irregularidades graves en la fiscalización de Contraloría revelan problemas en los convenios de la Fundación Daya con 13 municipios para el uso de aceite de cannabis.
Graves irregularidades han sido detectadas en una exhaustiva fiscalización realizada por la Contraloría, que analizó los convenios firmados por la Fundación Daya con trece municipios del país. El objetivo de estos convenios era implementar el “Programa de Uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías que causan dolor crónico”.
La auditoría abarcó los contratos establecidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023 en las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. En total, se destinaron $423.426.000, de los cuales $359.025.625 fueron transferidos desde los gobiernos locales, según el informe de Contraloría al que tuvo acceso Mega Investiga.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que los auditores no pudieron verificar de manera concluyente que el laboratorio encargado de la producción del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP). Según el informe, la Fundación Daya, creada por la diputada Ana María Gazmuri, recibió estos recursos millonarios entre junio de 2015 y diciembre de 2016, pero solo obtuvo una autorización provisional del ISP en 2018 para la elaboración de 7.200 dosis, cantidad que no fue suficiente para cumplir con el total comprometido con los trece municipios. Además, el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario.
En octubre de 2023, el diputado Juan Irarrázabal había denunciado posibles irregularidades relacionadas con la Fundación Daya. En esa ocasión, el parlamentario reveló que los convenios firmados con once municipios para tratar a pacientes con dolores crónicos habían financiado gastos no relacionados con el objetivo del programa, como “chocolates, compras de viajes y hasta el pago de internet de la diputada Gazmuri”. Sin embargo, la diputada Gazmuri desmintió estas acusaciones, afirmando que su ONG había utilizado la totalidad de los recursos en los programas acordados con las municipalidades.
La Contraloría también identificó que las dosis de cannabis no se destinaron exclusivamente al proyecto de la ONG con los municipios, lo que resultó en que el medicamento alternativo no cubriera lo pactado con los gobiernos locales, cuyo diseño tenía como meta atender a 2.300 pacientes anualmente. De este modo, se constató que nueve de las trece municipalidades no recibieron el tratamiento acordado, y solo dos obtuvieron una parte de las dosis, a pesar de que la Fundación Daya había recibido una subvención de $288.454.625 para estos fines.
Aunque los convenios se firmaron entre 2015 y 2016, el ISP solo autorizó en 2018 un proceso para la elaboración de 7.200 dosis de emergencia. Esto llevó a la Fundación Daya y al laboratorio a realizar gestiones con los municipios para entregar el fármaco a los pacientes, lo que resultó en nuevos acuerdos para establecer otros requerimientos. Este aspecto es significativo, ya que la auditoría no pudo confirmar que las municipalidades afectadas exigieran el cumplimiento total de los contratos originales o intentaran recuperar los recursos millonarios destinados a este plan médico alternativo, que estaba bajo la responsabilidad de la Fundación Daya y su entonces directora, Ana María Gazmuri.
El informe de Contraloría también señala que los alcaldes no tomaron acciones judiciales para lograr la recuperación de los fondos, lo que contraviene la legislación vigente y transgrede los principios de control y eficacia en el uso de los recursos públicos. En consecuencia, la entidad, bajo la dirección de Dorothy Pérez, decidió remitir todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para iniciar acciones penales relacionadas con estos trece convenios. Además, se instruyó un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados en estos hechos graves.
La gestión del Programa de Uso Compasivo de Aceites de Cannabis en los municipios resultó en la pérdida del 76,9% de la cosecha de cannabis, lo que equivale a 1.409.040 gramos inutilizados. De esta cantidad, 1.014.759 gramos fueron destruidos por normas del ISP, y el resto, 68.905 gramos, permaneció en posesión del laboratorio sin uso debido a su antigüedad. Según el reporte de Contraloría, solo se pudieron utilizar 325.379 gramos en el proyecto de la Fundación Daya.
Estos hallazgos podrían dar lugar a investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público, ya que no solo se perdió la mayor parte de la cosecha de cannabis, lo que tuvo un costo superior a $400 millones, sino que también se descubrieron serias irregularidades en los gobiernos locales. Por ejemplo, se identificaron incumplimientos en las rendiciones de cuentas, ya que no se exigió a la Fundación Daya la regularidad requerida por la normativa, ni se solicitaron los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos transferidos. Este problema se observó en las municipalidades de Quilpué, Quinta Normal, Graneros, Peñalolén, Antofagasta y Copiapó.
En el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros, la auditoría reveló que no se encontraron rendiciones de cuentas, o que en algunos documentos había duplicidad en los montos informados como gastos. El informe advierte que la fundación “rindió una serie de gastos que no se ajustaban al objetivo del proyecto establecido”, por un total de $54.279.652. Entre los gastos mencionados se incluyen pagos de permisos de circulación, comisiones a un corredor de propiedades por el arriendo de un inmueble que no corresponde a la dirección de la Fundación Daya ni al terreno donde se realizó la plantación de cannabis, los cuales no fueron objetados por las municipalidades. Además, se registraron numerosos gastos en alimentación, que aunque estaban contemplados en el presupuesto del convenio, no se justificaron adecuadamente, detectándose “comprobantes de supermercados, restaurantes y cafeterías, entre otros”. Por ejemplo, se desembolsaron $550.000 para la reparación de una camioneta, $2.958.111 para gastos de alimentos en diversos locales, y $389.000 en compras de artículos de cocina como tablas para picar y tazones.
