El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, informó sobre los recientes operativos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) para identificar a migrantes en situación irregular en el país. En los últimos tres días, se han fiscalizado a 2.500 personas, de las cuales solo 700 tenían su situación migratoria regular.
Sauerbaum destacó la importancia de estos operativos para reordenar el proceso migratorio y garantizar el cumplimiento de la ley. En este contexto, anunció que se llevarán a cabo nuevas reuniones con la PDI para discutir temas como expulsiones, modernización tecnológica y mejoras en la gestión del sistema migratorio.
En cuanto a la situación actual, el director del Servicio Nacional de Migraciones señaló que hay aproximadamente 330.000 personas en situación irregular en Chile, de las cuales 182.000 están empadronadas. De este total, solo 37.000 cuentan con decretos de expulsión vigentes, mientras que más de 100.000 casos aún están en proceso de tramitación. Sauerbaum explicó que las expulsiones se realizan de manera limitada, con un promedio de dos a tres personas expulsadas diariamente en vuelos comerciales, debido a diversas limitaciones estructurales.
Uno de los principales obstáculos mencionados por Sauerbaum es la falta de relaciones consulares con Venezuela, que representa más del 60% de las órdenes de expulsión, lo que dificulta la obtención de la documentación necesaria para llevar a cabo los retornos. Además, el presupuesto asignado para estos procesos es de aproximadamente 4.000 millones de pesos, cifra que se considera insuficiente para implementar expulsiones masivas.
El director del Servicio Nacional de Migraciones subrayó que el avance en este tema dependerá de la normalización de las relaciones diplomáticas, el aumento de recursos y la colaboración con aerolíneas y la Fuerza Aérea para agilizar los procedimientos. A pesar de las dificultades, Sauerbaum afirmó que el ritmo de las expulsiones administrativas ha mejorado en comparación con meses anteriores, aunque el principal desafío sigue siendo la situación de los ciudadanos venezolanos.
Al ser consultado sobre plazos para una ejecución masiva de expulsiones, Sauerbaum evitó comprometer fechas, indicando que las condiciones actuales no permiten proyectar una solución rápida. “El gobierno del presidente Boric no puso más recursos y, por lo tanto, tenemos limitantes económicas. Esperamos conversar con el presidente Kast en los próximos días para establecer un mecanismo de financiamiento que facilite las expulsiones masivas”, declaró.
Desde el Congreso, han surgido críticas sobre la gestión del fenómeno migratorio. La diputada de la UDI, Flor Weisse, expresó que la situación es inaceptable, señalando que solo una pequeña fracción de los migrantes irregulares tiene órdenes de expulsión y que estas no se están ejecutando. Weisse enfatizó la necesidad de aplicar la ley sin complejos y de fortalecer el presupuesto y la capacidad operativa para llevar a cabo expulsiones efectivas.
Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, cuestionó al gobierno por no cumplir con sus promesas en materia migratoria, señalando que se habían anunciado expulsiones que no se están concretando. Parra expresó su preocupación por la falta de plazos y certezas en la política migratoria, recordando que el gobierno era consciente de las limitaciones presupuestarias y de la compleja relación con Venezuela.
En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones informó que entre marzo de 2025 y enero de 2026 se recondujeron a 4.027 extranjeros en situación irregular hacia Bolivia a través del paso de Colchane, en el marco de un acuerdo bilateral. Desde 2022, esta medida ha permitido reconducir a más de 19.000 personas que intentaron ingresar irregularmente al país, consolidándose como una herramienta importante en el control fronterizo, aunque ha recibido críticas sobre su efectividad.
