Los fiscales generales de varios estados de Estados Unidos han enviado una carta al Congreso expresando su oposición a la inclusión de una moratoria sobre las regulaciones de inteligencia artificial en la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En el documento, los fiscales advierten que tal medida podría obstaculizar la capacidad de los estados para responder de manera efectiva a los desafíos que plantea el avance tecnológico.
En su comunicación, los fiscales generales enumeran diversos riesgos asociados al uso de sistemas de inteligencia artificial, tales como el aumento de tácticas de fraude, la generación de contenidos engañosos y la posibilidad de que herramientas de IA expongan a menores a interacciones inapropiadas. Aseguran que una restricción federal amplia podría crear vacíos regulatorios en un momento en que muchas jurisdicciones ya han implementado marcos específicos para la protección de datos y la transparencia algorítmica.
La carta también destaca que más de veinte estados han promulgado leyes de privacidad robustas, y algunos han adoptado regulaciones adicionales que refuerzan la supervisión sobre desarrolladores y sistemas avanzados de IA. Entre estas regulaciones se incluye una reciente que establece requisitos adicionales en materia de seguridad, información al usuario y responsabilidad empresarial.
Este debate se intensifica tras la decisión del Senado en julio de rechazar una propuesta que buscaba prohibir la regulación estatal de la inteligencia artificial durante diez años. Sin embargo, legisladores de la Cámara de Representantes están considerando la inclusión de una disposición similar en el proyecto de defensa, lo que ha reavivado el diálogo entre las autoridades federales y estatales sobre el alcance de la regulación.
En medio de estas discusiones, el expresidente Donald Trump ha publicado un mensaje en redes sociales abogando por un estándar nacional que evite lo que él considera un exceso de regulación a nivel estatal. Además, el Gobierno ha emitido una orden ejecutiva para fomentar una estrategia nacional de innovación en inteligencia artificial y se está evaluando un borrador de decreto que establecería un grupo de trabajo federal para revisar las leyes estatales en este ámbito.
La declaración de los fiscales generales ha recibido el apoyo de numerosos legisladores locales. Organizaciones que estudian el impacto de la inteligencia artificial, como Americans for Responsible Innovation, prevén que cualquier intento de limitar las competencias estatales podría enfrentar una resistencia significativa en el ámbito político y entre grupos de defensa del consumidor.
