El proyecto que establece el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) y que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) fue aprobado el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, que ha suscitado cuestionamientos por su viabilidad fiscal y su posible impacto en la deuda pública, es una de las propuestas clave del Gobierno del presidente Gabriel Boric, presentada en 2024 con el objetivo de regularizar las condiciones de pago en la educación superior.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha defendido la viabilidad económica del FES, afirmando que la iniciativa promete “mejor calidad de vida, y no infinitas cuotas e intereses por pagar”. Sin embargo, la oposición ha manifestado su rechazo, argumentando que el proyecto compromete la estabilidad de las finanzas públicas y afecta negativamente a los deudores. Por ello, se busca que el Senado realice modificaciones a la norma antes de su aprobación definitiva en el Congreso.
No solo la oposición ha expresado sus reservas sobre el FES. Analistas económicos también han mostrado preocupación respecto a la viabilidad fiscal de la propuesta. William Díaz, economista, ha señalado que este proyecto podría generar un desequilibrio en las cuentas fiscales, describiéndolo como “un impuesto al trabajo, donde el alumno va a terminar pagando mucho más de lo que le prestaron para estudiar. Por lo tanto, parece ser una completa locura y un desequilibrio fiscal futuro gigantesco”.
En una línea similar, Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, ha alertado que el FES podría incrementar significativamente la deuda pública. Barberis ha comentado que “tampoco estamos en condiciones de absorber más deuda. Estamos ya sobre 42 puntos de deuda del PIB nacional, con un crecimiento económico muy austero. Podríamos en 2026 tener un crecimiento económico mejor”.
El proyecto del FES establece que los egresados paguen un máximo del 8% de sus ingresos para devolver el préstamo, lo que busca disminuir el costo del financiamiento. Además, la retribución es ajustada, es decir, se basa en la renta del beneficiario, ya que el pago solo se realizaría si los ingresos al egresar superan los $500 mil. En caso de que los ingresos sean menores, la tasa de contribución será del 0%, eximiendo a los beneficiarios de cualquier pago.
