
El aumento de tarifas en el transporte público en Chile, que se inició en octubre de 2019, ha sido un tema de debate y controversia en el país. Este incremento de $30 en el pasaje fue el catalizador de una serie de protestas masivas, conocidas como el estallido social, que se extendieron por todo el territorio nacional. La decisión de aumentar la tarifa fue tomada por el Ministerio de Transportes y el Panel de Expertos del Transporte Público, un organismo técnico encargado de ajustar mensualmente las tarifas del sistema de transporte público en función de diversos factores económicos.
Contexto del aumento de tarifas
La frase “No son 30 pesos, son 30 años” se convirtió en un lema durante las manifestaciones, reflejando el descontento social acumulado por años. El presidente del Panel de Expertos, Claudio Agostini, comentó que ha habido confusión en la discusión pública sobre el rol del Panel, el cual está definido por la ley. Según Agostini, “si no se hubiera congelado nunca la tarifa, hoy debería ser $250 más alta”.
Funciones del Panel de Expertos
El Panel de Expertos tiene varias funciones, siendo la más conocida la fijación de tarifas de transporte público. Este proceso incluye dos componentes principales. El primero es asegurar que la tarifa se ajuste de acuerdo a los costos del sistema, manteniendo su valor real. Para ello, se utiliza un polinomio que considera los costos principales del transporte. El segundo componente, menos conocido, es garantizar que al final del año no haya déficit, lo que implica reajustes de tarifas para equilibrar ingresos y costos.
Razones del aumento en octubre de 2019
En las actas de agosto y septiembre de 2019, el Panel documentó que, debido al aumento de costos, la tarifa se incrementó en $10. Este ajuste fue justificado por la indexación de costos. Sin embargo, también se advirtió sobre un déficit creciente en el sistema de transporte, lo que llevó a la necesidad de un aumento adicional de $20 para evitar un déficit significativo al final del año. Agostini enfatizó que la percepción de que el alza de $30 se debió únicamente a la indexación o al déficit es incorrecta.
Decisiones técnicas del Panel
Agostini defendió la decisión del Panel, afirmando que su función es técnica y no está influenciada por consideraciones políticas. La ley establece que las decisiones deben ser lo más técnicas posible, evitando el uso de tarifas con fines electorales. Según Agostini, “era absolutamente incuestionable” que el ajuste tarifario era necesario para evitar un déficit.
Impacto del estallido social y congelamiento de tarifas
Tras el estallido social, las tarifas del transporte público fueron congeladas hasta el 20 de agosto de 2023. En esa fecha, el Ministerio de Transporte, bajo la dirección del ministro Juan Carlos Muñoz, anunció un descongelamiento parcial, incrementando las tarifas en $10. Posteriormente, se realizaron dos aumentos más: $20 en febrero de 2024 y $10 en julio de 2024.
Compensaciones y déficit
El presidente del Panel de Expertos destacó que el ministro Muñoz ha implementado aumentos graduales en las tarifas, aunque a veces no se aplican en su totalidad. Por ejemplo, en agosto de 2023, el Panel recomendó un aumento de $20, pero el ministerio decidió aumentar solo la mitad, compensando el resto con subsidios estatales. Agostini explicó que “se ha avanzado en ir de a poquito sincerando que en la medida que los costos van subiendo, la tarifa tiene que subir”.
Opiniones sobre el congelamiento de tarifas
El Panel ha manifestado que el congelamiento de tarifas es una decisión política, y no corresponde a ellos opinar sobre ello. Sin embargo, han señalado que si el Gobierno decide congelar las tarifas, debe compensar esos ingresos de alguna manera. Agostini mencionó que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido compensaciones limitadas, lo que ha generado un déficit adicional en el sistema. Un aumento de $10 en la tarifa representa aproximadamente $7 mil millones en ingresos promedio.
Estimaciones del déficit
Agostini concluyó que si no se hubiera congelado la tarifa, esta debería ser $250 más alta en la actualidad, lo que refleja el impacto del congelamiento en la salud financiera del sistema de transporte público.