La ONG Escazú Ahora presentó este lunes su segundo informe anual sobre la situación de las personas defensoras del medioambiente en Chile, revelando un alarmante aumento en la violencia contra activistas durante el año 2024. Según el documento, el 48% de las agresiones reportadas fueron de carácter físico, lo que representa un incremento significativo en comparación con el informe anterior.
Incremento de la violencia contra activistas
El informe destaca que la violencia ha evolucionado desde simples amenazas hasta ataques físicos directos, constituyendo ahora casi la mitad de los casos registrados, específicamente un 48%. El investigador principal del estudio, Joaquín Salinas, calificó esta escalada de violencia como alarmante y afirmó que refleja una falta de protección efectiva hacia los activistas ambientales.
Mujeres defensoras en riesgo
Un aspecto relevante que se menciona en el informe es la situación de vulnerabilidad particular que enfrentan las mujeres activistas. Francisca Stuardo, editora del informe, señaló que, además de sufrir amenazas y agresiones físicas, las defensoras experimentan ataques específicos dirigidos a su identidad y rol dentro del activismo ambiental, lo que crea un entorno hostil adicional y persistente hacia ellas.
El reporte indica que, del total de agresiones registradas, un 70% de las víctimas fueron mujeres, quienes además tienden a desistir con mayor frecuencia de emprender acciones legales frente a estos hechos debido a presiones o amenazas adicionales.
Involucramiento del sector empresarial
El informe también identifica los sectores productivos que están más involucrados en episodios de violencia hacia los defensores ambientales. El sector inmobiliario lidera las agresiones, concentrando un 91% de los ataques físicos, seguido por los sectores de saneamiento ambiental y energético, cada uno con un 17% del total de incidentes.
Alto nivel de impunidad
Uno de los hallazgos más preocupantes revelados por Escazú Ahora es el alto índice de impunidad que prevalece en estos casos. De todas las denuncias presentadas, apenas una obtuvo resolución judicial favorable. En contraste, 18 casos no tuvieron ningún tipo de acción judicial debido al desistimiento de las víctimas, quienes enfrentan barreras y desincentivos para perseguir legalmente estas agresiones.
El presidente de la ONG, Sebastián Benfeld, enfatizó que estos datos deben motivar cambios urgentes en la legislación actual y expresó su apoyo al proyecto de ley que se discute en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, destinado específicamente a proteger a los defensores ambientales del país.
La organización instó a la rápida aprobación del proyecto en trámite, subrayando la urgencia de proporcionar garantías efectivas que eviten que defender el medioambiente se convierta en una actividad de alto riesgo personal y físico en Chile.
