El Gobierno chileno y los diputados han alcanzado un principio de acuerdo para avanzar en la reforma política, aunque persisten tensiones debido a la negativa del Ejecutivo de incluir una norma que salve a los partidos en proceso de disolución. La ministra Macarena Lobos lideró una reunión el lunes a las 15:30 en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde se discutieron los cambios propuestos a la reforma política. Asistieron diputados de diversas fuerzas políticas, así como el subsecretario de la cartera, Nicolás Facuse.
Durante el encuentro, se percibió un ambiente positivo, ya que el Gobierno se comprometió a reducir el umbral necesario para que nuevos partidos políticos puedan inscribirse. Lobos anunció que el porcentaje de votos requeridos pasaría del 0,5% al 0,3%, lo que implica que el número de firmas necesarias se reduciría de más de 77 mil a cerca de 40 mil. Esta modificación responde a críticas previas de los diputados, quienes señalaron que el umbral era superior al número de militantes del partido más grande, el Frente Amplio, que cuenta con 56 mil miembros.
Para los partidos ya existentes que cumplieron con el umbral de la ley de partidos políticos, se les exigirá alcanzar el 50% del nuevo umbral, es decir, 20 mil militantes, para mantener su legalidad, con un plazo de 18 meses desde la promulgación de la reforma. Actualmente, partidos como la UDI, el Partido Republicano, la DC y el PPD se encuentran por debajo de este umbral.
Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre la norma que permitiría a los partidos con representación parlamentaria, pero que no alcanzaron el umbral de 4 diputados o el 0,5% de los votos, fusionarse con otros para cumplir con los requisitos legales. Esta propuesta, que surgió en la tramitación de una reforma anterior, fue rechazada por el Gobierno, que notificó a los diputados que no impulsará dicha medida. Entre los partidos que podrían beneficiarse de esta norma se encuentran Evópoli, Demócratas, FRVS y el Partido Radical.
Además, se discutió la inclusión de una normativa “antidíscolos”, que busca sancionar a los parlamentarios que cambien de partido tras ser electos. La propuesta del Gobierno establece que los legisladores que abandonen su partido enfrentarían la pérdida de asignaciones o la remoción de sus comisiones, en contraste con la propuesta del Senado que contemplaba la pérdida del escaño.
La reunión también abordó la creación de comités parlamentarios como figuras legales, en lugar de instancias reglamentarias. A medida que se acerca el final del periodo legislativo, el Congreso retomará sus funciones el próximo lunes, y se espera que se socialicen las indicaciones necesarias para avanzar en la reforma política.
