La Contraloría General de la República de Chile, liderada por Dorothy Pérez, enfocará su labor fiscalizadora en 2026 en el uso de beneficios sociales, así como en áreas de migración e infancia. Pérez destacó que la fiscalización de la entrega de beneficios sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales será uno de los pilares del plan de trabajo del organismo para este año.
Durante una reciente declaración, la contralora subrayó que el objetivo es asegurar que los recursos públicos se asignen de manera correcta y eficiente. “Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”, explicó Pérez.
La máxima autoridad de la Contraloría enfatizó que su labor se centra en proteger los intereses de los ciudadanos, quienes establecen los requisitos a través de sus representantes en el Congreso. “En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos”, detalló.
Pérez también reconoció que el proceso de recopilación de información puede presentar errores, dado el volumen de datos que maneja la Contraloría. “Va a haber un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidios de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile”, anticipó.
Este enfoque de fiscalización se enmarca en un contexto donde la correcta asignación de recursos es crucial, especialmente en un país donde las necesidades sociales son diversas y complejas. La Contraloría busca así garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando abusos en el sistema.
