El próximo 31 de enero, la Dirección de Presupuestos (Dipres) dará a conocer el cierre fiscal correspondiente al año 2024, y se anticipa que los resultados no serán favorables. Este informe revelará el impacto negativo que ha tenido en las finanzas públicas un error en las estimaciones de ingresos del año anterior. Para el Presupuesto de 2024, la Dipres había proyectado ingresos por un total de $71.339.988 millones, lo que equivale a aproximadamente US$ 75.570 millones. Sin embargo, hasta noviembre, el último dato disponible, la recaudación alcanzaba solo $60.381.321 millones, es decir, alrededor de US$ 64.000 millones. Según los cálculos realizados por economistas, y considerando las estimaciones de diciembre, los ingresos fiscales del año pasado resultaron ser entre US$ 4.200 millones y US$ 5.000 millones inferiores a lo que inicialmente había previsto el Ministerio de Hacienda.
Contexto de la baja recaudación
El lunes de esta semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheverry, enfrentó una intensa sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Durante esta sesión, Marcel tuvo que justificar la baja recaudación proveniente de la ventana de repatriación de capitales, que forma parte de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Esta recaudación alcanzó solo el 15,6% de lo proyectado, con apenas $92.496 millones de los $591.927 millones que se esperaban.
No obstante, los analistas consideran que el error en la estimación de ingresos es un problema más amplio que se traduce en una sobreestimación general de la recaudación tributaria. Como resultado de esta situación, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, la Dipres redujo su estimación de gasto público en cerca de US$ 770 millones para el año 2024, aunque se advirtió que aún se requería un esfuerzo mayor para cumplir con la meta fiscal, que se preveía podría no ser alcanzada. Por esta razón, Hacienda se comprometió a realizar un ajuste de US$ 1.000 millones.
Estimaciones del déficit fiscal
Los economistas estiman que, al cierre del año pasado, el déficit fiscal efectivo se situó en torno al 3% del PIB, lo que representa más de US$ 9.000 millones, el saldo negativo más alto desde 2021, cuando el déficit alcanzó el 7,7% debido al aumento del gasto relacionado con la pandemia. Esta cifra se aleja considerablemente de la proyección del 1,9% del PIB que había realizado Hacienda en septiembre. El exjefe de Estudios de la Dipres, Mauricio Carrasco, comentó: “Si se cumple la proyección de gasto del IFP del tercer trimestre de 2024, calculo un déficit efectivo de 2,9% del PIB. Pero esto requeriría que en diciembre hubiera habido una contracción del gasto de casi 14% real. Ese escenario, no siendo fácil de cumplir, me parece el más probable”.
Carrasco también agregó que si Hacienda logró recortar otros US$ 1.000 millones, el déficit efectivo podría haber llegado a 2,6% del PIB, lo que implicaría una caída del gasto en diciembre de más de 24% real. Rangos similares fueron estimados por la académica del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Margarita Vial, quien calculó que el déficit efectivo de 2024 se situaría entre -2,7% y -3,1% del PIB, dependiendo del esfuerzo de contención que el Ejecutivo haya realizado en diciembre.
Deterioro del balance estructural
Con estos datos, los economistas también han calculado un deterioro en el balance estructural, que se determina según la regla fiscal. El Gobierno se había propuesto reducir el déficit estructural del 2,7% del PIB en 2023 a 1,9% del PIB en 2024. Sin embargo, los analistas anticipan que el déficit estructural del año pasado se ubicará en un rango de 2,5% a 3,3% del PIB. Si estas cifras se concretan, el Gobierno no solo habría incumplido la meta de la regla fiscal en 2024, sino que también podría haber obstaculizado la convergencia hacia una reducción del déficit.
Las metas anuales establecidas por Hacienda contemplaban un déficit de 1,9% del PIB en 2024, 1,1% del PIB en 2025 y 0,5% del PIB en 2026, con el objetivo de alcanzar el equilibrio del balance estructural en 2029. Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, señaló: “Esto no es bueno para la credibilidad de la regla. Más aún cuando recién se actualizó la Ley de Responsabilidad Fiscal”. Acevedo estima que, incluso cumpliendo con la promesa de ajuste de gasto de 2024, el déficit estructural estaría entre 2,5% y 2,7% del PIB.
Por otro lado, Sergio Granados, exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, argumentó que en el IFP ya se habían corregido los ingresos inicialmente estimados en la Ley de Presupuestos del año pasado, lo que también llevó a ajustes en los gastos. Granados considera que, dado el drástico ajuste que realizó la Dipres en el segundo semestre, las diferencias en las metas no serán significativas. Además, desestima que la credibilidad de la política fiscal esté en riesgo, ya que en ocasiones anteriores también se incumplieron las metas de balance estructural sin que esto afectara la institucionalidad.
Consecuencias del incumplimiento de metas
Tras los cambios aprobados en julio pasado a la Ley de Responsabilidad Fiscal, si se incumple efectivamente la meta, el Gobierno deberá presentar nuevamente explicaciones al Congreso y establecer en el IFP inmediatamente posterior las acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible. Estas acciones deben ser informadas a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo, que tendrá un plazo de treinta días para emitir su opinión.
El aumento de la deuda pública es otra de las consecuencias del deterioro fiscal. Acevedo advierte que “la deuda pública, por efecto de mayor déficit y el tipo de cambio, quedará en torno a 3 puntos del PIB de distancia de la deuda prudente de 45 puntos del PIB. Esto dejará sin espacio a la futura administración para financiar el déficit, considerando que los requerimientos bajo la línea son de 1 punto del PIB“.
Para el año en curso, los economistas sostienen que los ingresos también serán inferiores a los proyectados en la Ley de Presupuestos, principalmente porque el cálculo se realizó sobre la base de 2024, que ya presentaba una sobreestimación. Esto implicará que, para cumplir con la meta fiscal, será necesario realizar ajustes en el gasto. Parte de estos ajustes se traducen en un recorte de US$ 600 millones que el Gobierno había comprometido, lo que ha generado controversia, ya que también afectará el gasto del Ministerio Público, en un contexto donde la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, los US$ 600 millones podrían resultar insuficientes, según estimaciones de analistas, y si se desea cumplir con la meta de 1,1% del PIB de déficit estructural, el esfuerzo fiscal debería ser mayor.
En su informe de octubre al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el desvío de la meta que ya se anticipaba es negativo por dos razones fundamentales: en primer lugar, dificulta la convergencia fiscal y aumenta la deuda neta; en segundo lugar, envía una señal desfavorable sobre el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las metas fiscales, especialmente de cara a 2025, un año que se prevé será más exigente y en el que probablemente habrá mayores presiones de gasto debido a ser un año electoral.
