El Senado de Chile ha aprobado la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, lo que conlleva su remoción inmediata del máximo tribunal del país. La decisión se tomó en una jornada marcada por intensos debates y ha sido calificada por el propio Simpertigue como “injusta”. En sus declaraciones tras la votación, el exministro expresó que “me han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial” y argumentó que los hechos que se le imputan ocurrieron “en un momento de absoluta tranquilidad, no había nadie imputado, no había ninguna investigación, todo se hacía de buena fe”.
Simpertigue también manifestó su agradecimiento hacia el Poder Judicial, afirmando: “Yo he sido muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta, no tengo nada que decir contrario a eso”. A pesar de la situación, se mostró tranquilo, ya que, según él, “los senadores dijeron que aquí no había corrupción”. Sin embargo, reconoció que su “mea culpa” es haber sido “demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debí haberme dado cuenta”.
La acusación en su contra fue presentada por un grupo de diputados, entre los que se encuentran Arturo Barrios, Daniella Cicardini, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Emilia Nuyado, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, Leonardo Soto y Carolina Tello. La acusación se estructuró en tres capítulos.
El primer capítulo señala una falta notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa BelAz Movitec, donde se alega que Simpertigue intervino en resoluciones que beneficiaron a un consorcio bielorruso por montos superiores a los $11 mil millones. El segundo capítulo aborda un conflicto de interés relacionado con nombramientos notariales, al permitir que su hijastro fuera designado notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción de San Miguel, mientras él tenía funciones de supervisión sobre dicha corte. Finalmente, el tercer capítulo se refiere al caso Fundamenta, donde se sostiene que Simpertigue participó en la resolución que favoreció al proyecto inmobiliario EcoEgaña y, semanas después, compartió un crucero con abogados vinculados a la causa.
