Caso Factop: la investigación judicial avanza mientras surgen dudas sobre el destino del dinero de los inversionistas y la responsabilidad de sus socios.
Con el transcurso de las semanas, se ha vuelto cada vez más complicado distinguir las diferentes facetas del polémico caso relacionado con un audio de 105 minutos que involucra a un empresario y sus abogados. La primera investigación judicial y posterior formalización se originó en lo que se conoce como el “Caso Factop”, donde la fiscalía ha formalizado cargos contra seis individuos, entre los que se encuentran Ariel y Daniel Sauer, así como su socio Rodrigo Topelberg.
Los delitos que se les atribuyen incluyen el ejercicio ilegal de la actividad bancaria, ya que se habrían arrogado facultades que no les correspondían al operar como una organización receptora de fondos que prometía a sus clientes rentabilidades garantizadas. Cuando el sistema que implementaron fracasó, los inversionistas, que habían depositado grandes sumas de dinero en este “banco en las sombras”, se apresuraron a solicitar la devolución de sus inversiones. Sin embargo, al intentar cobrar los cheques que les fueron entregados como garantía, estos resultaron protestados.
La acumulación de deudas que generó Factop llevó a la empresa a un proceso de reorganización judicial en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago. En este proceso, se registraron 134 acreedores que verificaron créditos por cobrar, alcanzando un total de $59.067.102.544 pesos chilenos. Ante la falta de un acuerdo con los inversionistas, se decidió proceder con la liquidación de los activos de Factop, aunque persiste la interrogante sobre el destino de las significativas sumas que ingresaron a la empresa.
La investigación del Ministerio Público se centra en desentrañar la operativa detrás de las sociedades de los formalizados. En una entrevista exclusiva con Mega, Rodrigo Topelberg, durante su breve periodo de arresto domiciliario, fue cuestionado sobre el paradero del dinero de la empresa. Topelberg expresó: “No lo sé, tengo sospechas que pueden tenerlo escondido”, y añadió que “creo que mucho también se gastó en Grupo Patio con los hermanos Jalaff. Altos lujos, un poco lo que se habla también de Hermosilla, los viajes en jet, todas esas cosas”.
Recientemente, Topelberg ha formulado acusaciones severas sobre el colapso de Factop y la responsabilidad de sus socios, con quienes deberá volver a encontrarse tras su regreso a Capitán Yáber. En su declaración, el abogado Eduardo Godoy, encargado de liquidar los bienes de Factop, indicó que la empresa, aunque oficialmente dedicada al factoring, en realidad obtenía la mayor parte de sus ingresos a través de inversiones de personas cercanas a los socios, lo que facilitaba una rápida captación de clientes mediante el boca a boca.
Hasta la fecha de su declaración, el 18 de julio de 2024, Godoy reportó que se habían presentado 134 acreedores, lo que representaba una deuda total de $59.067.102.544. Sin embargo, 42 de estos créditos fueron objetados, reduciendo el monto a aproximadamente $31 mil millones. Entre los acreedores cuyos créditos fueron rechazados se encuentran Rodrigo Topelberg, Leonarda Villalobos y Luis Angulo.
El fiscal Araya interrogó a Godoy sobre la estimación del patrimonio de Factop, a lo que el liquidador respondió que, en una evaluación preliminar, el activo de la empresa podría ascender a aproximadamente 73.000 UF, equivalentes a cerca de $2.700.000.000. Este cálculo no incluía las cuentas por cobrar, cuya estimación se consideraba imposible en ese momento, aunque se estimó que podrían sumar alrededor de $5.411.231.221, cifra que se consideró meramente teórica.
En cuanto a las sociedades en el extranjero, Topelberg sugirió que el dinero de los inversionistas podría estar oculto en paraísos fiscales, como Panamá, donde se reveló la existencia de una sociedad llamada “Aventura Trading Corporation”. Topelberg mencionó que el Ministerio Público le había preguntado sobre cuentas en Panamá, aunque él no tenía conocimiento de las sociedades involucradas. Además, afirmó que en Panamá se adquirieron insumos para la empresa Textil Ziko, aunque no detectó actividades sospechosas en ese país.
En su declaración del 24 de julio, Daniel Sauer fue interrogado sobre los viajes realizados junto a sus socios, indicando que estos eran principalmente de negocios, incluyendo la búsqueda de ropa en la zona franca de Colón y el traspaso de una sociedad que poseía un activo. Este activo se refería a una propiedad de la familia Ugarte Pérez, que habría sido transferida a los dueños de Factop debido a una deuda que el patriarca mantenía con ellos al momento de su fallecimiento.
Topelberg, en su declaración del 17 de julio, también fue cuestionado sobre las sociedades y los viajes al extranjero, mencionando que Darío Cuadra había formado sociedades en Uruguay y Panamá, supuestamente para la venta de textiles. Topelberg recordó que los viajes a Panamá eran para la creación de sociedades y la compra de ropa, aunque no pudo confirmar la formación de empresas en Uruguay.
Al ser preguntado si Factop siempre tuvo la intención de defraudar a los inversionistas, Topelberg negó esta afirmación, atribuyendo el fracaso de la empresa a una mala gestión de sus socios, aunque no consideró que la intención inicial hubiera sido establecer un esquema piramidal.
