El gobierno de Noruega expresó su preocupación el sábado por el aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta reacción se produce en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y pone de relieve la situación política en el país sudamericano. El comunicado enfatiza que la cantidad de casos asociados a la represión casi se ha duplicado en el último periodo reportado. Según datos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que fueron tomados por Noruega, estos casos han afectado especialmente a quienes se manifestaron y actuaron como defensores de los derechos humanos durante y después del proceso electoral.
El Ministerio de Relaciones Exteriores noruego detalló que muchos de los hechos catalogados como “corto plazo” ocurrieron en torno a la jornada presidencial y el inmediato posterior. Se subrayó la alarma por el uso de la desaparición forzada como herramienta de intimidación política. El texto precisó, además, que esta modalidad ha sido empleada para silenciar a integrantes de la oposición y a activistas prodemocracia. “El creciente uso de esta arma contra miembros percibidos como democráticos es inaceptable”, señaló el comunicado.
Espen Barth Eide, ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, instó al régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas que aseguren el respeto a las normas internacionales y eviten daños irreparables a las víctimas. El mensaje demandó el fin de la violencia y el respeto al derecho a la libertad de expresión y participación. En palabras del gobierno noruego, “la vida pacífica del pueblo venezolano debe ser respetada”.
Esta posición se suma a las preocupaciones formuladas por organismos multilaterales. Noruega advirtió sobre el aumento sustancial de desapariciones sin resolver en el territorio, y el informe también incluye denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y asesinatos atribuidos a agentes estatales. La declaración concluyó reiterando el respaldo a los familiares de las víctimas, incluyendo organizaciones de abogados orientados a la defensa, y ratificó así el compromiso con el seguimiento del derecho internacional humanitario.
En esa línea, semanas atrás, Gloria Mees, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la intensificación de las violaciones de derechos humanos desde el fraude perpetrado por la dictadura chavista en julio pasado. “La situación no es nueva, pero ahora es sistemática. Se ha intensificado y solo afecta a los derechos humanos, a periodistas disidentes, a todo el mundo, porque hay temor a represalias”, explicó Mees a la agencia EFE poco antes de su comparecencia.
La vigilancia ejercida por el régimen genera un clima de miedo que termina silenciando a la sociedad. “Es el peor impacto que ha habido a lo largo del año”, añadió. Además, manifestó: “Debemos hacer hincapié en las detenciones arbitrarias, forzadas, tortura, tratos inhumanos, cancelación de pasaportes a periodistas, y la autocensura generalizada entre la población, todo esto por temor a represalias”. Mees insistió en que, en conjunto, el efecto paralizante de estas acciones se ha extendido por Venezuela.
