La Corte Suprema de Chile ha revocado la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había confirmado la expulsión de una ciudadana venezolana que ingresó al país por un paso no habilitado. La sentencia, emitida el 14 de mayo de 2025, había sido impugnada por la afectada, quien argumentó tener arraigo en el país, estar embarazada y carecer de antecedentes penales.
El caso se originó a partir de un reclamo presentado bajo el artículo 141 de la Ley N° 21.325, que cuestionaba la Resolución Exenta N° 25274660 del Servicio Nacional de Migraciones, la cual ordenó la expulsión de la reclamante. A pesar de reconocer su ingreso irregular, la mujer destacó su situación familiar y laboral en Chile, donde trabajaba como vendedora y convivía con su pareja.
La Corte de Apelaciones de Concepción había desestimado el reclamo, argumentando que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones se ajustaba a la normativa vigente y que no se habían presentado circunstancias que justificaran una excepción a la expulsión. Sin embargo, tras apelar esta decisión, la Corte Suprema revisó el caso y determinó que la resolución administrativa carecía de la fundamentación adecuada.
En su fallo, el máximo tribunal subrayó que, aunque el ingreso irregular es una infracción grave que puede llevar a la expulsión, la autoridad migratoria no consideró el hecho de que la reclamante estaba embarazada, lo cual es un factor relevante que debe ser evaluado. La Corte indicó que “la autoridad no tuvo la oportunidad de analizar esta circunstancia de la reclamante, la que deviene en sobreviniente que altera las consideraciones que debieron servir de fundamento para adoptar la decisión”.
Como resultado, la Corte Suprema decidió dejar sin efecto la resolución de expulsión y ordenó que se realice una nueva evaluación que contemple el arraigo familiar de la reclamante, conforme a lo estipulado en el artículo 129 N°5 de la Ley N°21.325. La decisión de la Corte Suprema representa un precedente importante en la consideración de circunstancias personales en casos de expulsión por ingreso irregular al país.
