La Corte Suprema de Chile ha desestimado un recurso de casación en un caso de indemnización por falta de servicio, relacionado con la detención de un ciudadano en 2019. La decisión se basa en la confirmación de que la actuación de Carabineros se ajustó a la legalidad y no se incurrió en falta de servicio.
El litigio se originó tras la detención del demandante el 20 de junio de 2019. Posteriormente, el 27 de enero de 2020, el Ministerio Público decidió no continuar con la investigación en su contra. La sentencia de primera instancia, que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción, determinó que la detención fue legal, ya que se realizó en el contexto de una flagrancia, conforme a lo estipulado en el Código Procesal Penal.
El demandante argumentó en su recurso que había sufrido malos tratos por parte de Carabineros y que había sido exhibido ante los medios de comunicación antes de ser presentado ante el tribunal. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que estas alegaciones no estaban respaldadas por los hechos establecidos en la sentencia anterior, subrayando que no se presentaron pruebas suficientes para corroborar tales afirmaciones.
El máximo tribunal destacó que los funcionarios policiales actuaron de acuerdo con las circunstancias del momento de la detención, que indicaban la comisión de un delito. Además, se señaló que la legalidad de la detención y la ausencia de reclamos administrativos por parte del demandante contra Carabineros refuerzan la conclusión de que no hubo infracción a los deberes de los funcionarios.
La Corte también aclaró que la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación no implica que las acciones de Carabineros fueran erróneas o arbitrarias. Esta decisión se basó en la falta de pruebas suficientes para formular una acusación, lo que no deslegitima la actuación policial en el momento de la detención.
Respecto a otras denuncias de tratos degradantes y la no devolución de herramientas incautadas, la Corte enfatizó que era responsabilidad del demandante demostrar tales hechos, lo cual no logró hacer. Los testigos presentados por el actor no eran testigos presenciales, ya que solo conocían los hechos a través de lo que el demandante les había contado.
Finalmente, la Corte Suprema determinó que el recurso era inviable, ya que el recurrente intentaba fundamentar su alegación de falta de servicio en hechos diferentes a los establecidos en el juicio, sin invocar adecuadamente las normas sobre la prueba. La Corte recordó que las disposiciones sobre el valor de la prueba testimonial son competencia de los jueces de instancia y no pueden ser revisadas en casación. Por lo tanto, al no encontrarse error de derecho, el recurso fue rechazado por falta de fundamento.
