
La Corte Suprema de Chile ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la defensa de un cabo de Infantería de Marina condenado por desobediencia, confirmando así la sentencia del Juzgado de la Cuarta Zona Naval de Iquique y la ratificación de la Corte Marcial de la Armada.
Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron el 21 de agosto de 2020, durante el estado de excepción constitucional declarado por la pandemia de COVID-19. En esa fecha, el cabo recibió instrucciones de su superior para realizar un patrullaje entre las 18:00 y las 20:00 horas, de acuerdo con la guía operativa del pelotón. Sin embargo, el cabo se negó a cumplir con la orden, argumentando que ya había realizado un patrullaje y que había otros conductores disponibles para llevar a cabo la tarea. Esta negativa se mantuvo a pesar de que la orden fue reiterada frente a la tropa reunida, lo que constituyó la desobediencia por la que fue condenado.
El tribunal de primera instancia impuso al cabo una pena de 541 días de reclusión militar menor en su grado medio, además de la suspensión de su cargo, que posteriormente fue reemplazada por la Corte Marcial por la pérdida del estado militar.
La defensa del cabo presentó un recurso de casación en el fondo, argumentando que su conducta no encajaba en la definición legal de desobediencia, alegando que no hubo una negativa abierta, sino una imposibilidad por fuerza mayor. También cuestionaron la validez de las pruebas presentadas, argumentando que se habían considerado circunstancias agravantes sin el respaldo adecuado.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el recurso, señalando que este tipo de recursos debe cumplir con exigencias formales estrictas, incluyendo la necesidad de exponer claramente los errores de derecho y su impacto en la decisión. La Corte observó que el recurso contenía defectos formales, ya que planteaba causales incompatibles: por un lado, aceptaba los hechos establecidos para cuestionar la calificación jurídica, y por otro, los desconocía al impugnar la valoración probatoria. Esta contradicción, según la Corte, imposibilitó la aceptación del recurso.
El máximo tribunal destacó que el recurrente intentaba revalorar la prueba y modificar el marco fáctico ya establecido por los jueces de instancia, lo cual no es procedente en un recurso de casación. Además, subrayó que la defensa no logró demostrar violaciones concretas a las leyes reguladoras de la prueba, lo que también contribuyó al rechazo del recurso.
Finalmente, la Corte Suprema concluyó que la defensa no cumplió con los requisitos necesarios para el recurso de casación y que la sentencia impugnada no incurrió en los errores de derecho alegados, confirmando así la condena del cabo.