El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a la reciente decisión de la Corte Suprema que declaró ilegales la mayoría de los aranceles impuestos durante su administración, incluyendo los aranceles recíprocos y universales del 10%, que afectaban a países como Chile. La Corte también anuló tarifas impuestas como medida de presión a naciones por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, aunque los aranceles sobre acero, aluminio y automóviles permanecen vigentes.
En una conferencia de prensa, Trump anunció su intención de imponer un nuevo gravamen del 10% a nivel global, amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite establecer aranceles de hasta el 15% en un plazo máximo de 150 días, a menos que el Congreso se oponga. Esta decisión se produce tras el fallo del Tribunal Supremo, que determinó que Trump había excedido sus atribuciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, la cual no le otorga la autoridad para implementar aranceles de manera unilateral y generalizada. La sentencia, que fue aprobada por una mayoría de 6-3, representa un golpe significativo a la política comercial de Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Los aranceles recíprocos fueron impuestos el 2 de abril de 2025, en un intento de corregir el déficit comercial de Estados Unidos con varios países. Para aquellos socios comerciales con los que Estados Unidos tiene un superávit, como Chile, se estableció un arancel universal del 10%. Sin embargo, hasta el momento, las exportaciones de cobre refinado no están sujetas a estos aranceles.
Durante su intervención, Trump criticó a la Corte, describiendo a la mayoría de sus miembros como “muy antipatriotas y desleales con nuestra Constitución”. Además, sugirió que la Corte había sido influenciada por intereses extranjeros y un movimiento político más pequeño de lo que se podría imaginar. A pesar del fallo, Trump aseguró que existen alternativas para reinstaurar los aranceles.
El fallo de la Corte Suprema también abre la posibilidad de que los importadores estadounidenses recuperen miles de millones de dólares que han pagado debido a los aranceles. Luis Cisneros, líder de equipo de Admirals, advirtió que no está claro si el gobierno deberá devolver los montos recaudados, lo que podría generar un desorden con consecuencias significativas para el Tesoro de Estados Unidos. Además, el fallo establece que la imposición de aranceles a este nivel debe ser aprobada por el Congreso, a lo que Trump respondió que no tiene por qué hacerlo, afirmando que tiene el derecho de imponer aranceles.
Expertos en comercio, como Emanoelle Santos de XTB Latam, señalaron que existen otras alternativas legales, como la Sección 232, que permite la imposición de aranceles si ciertas importaciones afectan la seguridad nacional, aunque esto requiere investigaciones que pueden durar hasta nueve meses. También se menciona la Sección 301, que permite represalias comerciales contra países con prácticas consideradas discriminatorias. Por último, la Ley Smoot-Hawley de 1930 podría ser utilizada para imponer aranceles contra países que discriminen el comercio estadounidense, aunque su aplicación podría desencadenar nuevas batallas legales y políticas.
