La Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a la falta de respuesta sobre la solicitud de reducción de condena de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santiago Sur.
El interno, quien ha cumplido con los requisitos legales para acceder a la libertad por rebaja de condena, argumentó que la autoridad penitenciaria actuó de manera ilegal y arbitraria al mantenerlo privado de libertad, a pesar de haber completado el tiempo necesario para obtener su libertad. Según su alegato, la rebaja de condena se verificó el 4 de diciembre de este año, lo que debería haber llevado a su liberación, configurando así un exceso en la privación de libertad.
El recurrente destacó que durante su tiempo en prisión mantuvo una conducta ejemplar, con al menos cuatro bimestres calificados como de muy buena conducta, además de haber participado en capacitaciones y actividades orientadas a su reinserción social. Afirmó que la negativa del establecimiento penitenciario a otorgar la libertad vulneró su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
Por su parte, Gendarmería de Chile informó que los antecedentes del interno fueron enviados a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la Región Metropolitana, y que no hubo ninguna actuación arbitraria que afectara los derechos del recluso, ya que el procedimiento administrativo relacionado con su solicitud estaba en trámite.
La Subsecretaría de Justicia también indicó que la postulación del interno no había sido recibida en la Unidad de Reducción de Condenas, aunque sí se había registrado su ingreso en la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos el 15 de diciembre de 2025. Esto significaba que el acto administrativo que debía pronunciarse sobre el beneficio aún estaba en proceso y no se había emitido una decisión.
En su fallo, la Corte de Santiago determinó que la Comisión de beneficio de reducción de condena había confirmado en noviembre que el interno cumplía con los requisitos para la reducción de su pena, lo que debería haberse comunicado a la autoridad administrativa antes del 15 de diciembre. La Corte criticó la falta de eficiencia y celeridad en la actuación de los órganos del Estado, lo que calificó de ilegal.
La Corte ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que emita una decisión final sobre la reducción de condena del interno en un plazo de tres días hábiles, subrayando la necesidad de un trato preferente y una respuesta expedita en casos como este.
