La Contraloría General de la República de Chile se pronunció sobre la consulta de la Subsecretaría de Educación Superior respecto a la modificación del proyecto de infraestructura del Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de la Región Metropolitana, que cuenta con financiamiento de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2019. La consulta también incluye la posibilidad de otorgar una tercera prórroga para la ejecución del proyecto.
La solicitud surgió tras el Informe Final N° 509 de 2024, donde se identificó que permanecían sin utilizar recursos por un total de $5.200 millones, destinados a la construcción y equipamiento del edificio institucional. La Contraloría solicitó antecedentes que validaran la planificación financiera y de obras, así como un plan de trabajo que se ajuste al plazo establecido. En este contexto, la subsecretaría preguntó si era jurídicamente viable realizar modificaciones al proyecto y extender nuevamente su plazo de ejecución.
El CFT, al ser consultado, indicó que la cuestión se relacionaba con aspectos de mérito y oportunidad que son propios de la Administración, afirmando que no habría impedimentos para realizar la modificación ni para conceder una nueva prórroga. Además, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda enfatizó que cualquier decisión debe alinearse con la normativa presupuestaria vigente en 2019, año en que se realizó la transferencia de los recursos.
Desde el punto de vista legal, la Contraloría recordó que el CFT es una entidad autónoma de derecho público, con patrimonio propio, según la ley N° 20.910, y que su financiamiento proviene de los aportes anuales de la Ley de Presupuestos. La normativa presupuestaria de 2019 establece que los saldos no utilizados deben reintegrarse a las Rentas Generales de la Nación, a menos que los actos o convenios estén vigentes o hayan sido prorrogados, en cuyo caso los recursos seguirían destinados a su propósito original.
La Contraloría también destacó que, mediante una resolución de 2019 de la Subsecretaría de Educación Superior, se aprobó el proyecto inicial del CFT, y que, a través de un decreto del Ministerio de Educación, se asignaron $5.200 millones para la ejecución del edificio y su equipamiento. Este decreto fue modificado en 2021 y 2024, extendiendo el plazo de ejecución hasta un total de 72 meses, con una fecha límite fijada para el 27 de diciembre de 2025.
Recientemente, el CFT solicitó una modificación del proyecto original y una tercera prórroga de 24 meses, argumentando la inviabilidad del diseño aprobado, el aumento de costos de construcción, los retrasos ocasionados por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de reformular el proyecto para adaptarlo a un enfoque territorial que contemple el crecimiento demográfico, la conectividad y la demanda laboral local. La institución aseguró que esta reformulación no generaría un gasto adicional y que ya se han invertido $925.184.400 en infraestructura transitoria.
La Contraloría enfatizó que los CFT estatales son financiados principalmente con recursos públicos y que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de supervisar la correcta y oportuna ejecución de los fondos transferidos. Los recursos deben ser utilizados estrictamente para el fin previsto, garantizando una educación de calidad conforme al proyecto de desarrollo institucional.
El órgano de control advirtió que la resolución de 2025 de la Subsecretaría de Educación Superior, que reemplaza a la de 2020, permite modificar proyectos de infraestructura bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, corresponde a la subsecretaría evaluar la autorización de la modificación del proyecto y la posible concesión de una nueva prórroga.
Sin embargo, la Contraloría subrayó que esta decisión debe considerar el tiempo transcurrido desde la transferencia de los recursos, la acumulación de demoras en la ejecución del proyecto y la reciente propuesta de reformulación, que se presenta casi seis años después. También se debe tener en cuenta que ya se ha invertido más de $925 millones en infraestructura transitoria, lo que podría implicar una vulneración de los principios de eficiencia y eficacia, afectando el uso adecuado de los recursos públicos.
Finalmente, la Contraloría indicó que, si se aprueba la modificación solicitada, la Subsecretaría de Educación Superior deberá cumplir estrictamente con lo indicado en el Informe Final N° 509 de 2024, asegurando el uso adecuado del saldo de los recursos mediante una planificación financiera y de obras adecuada, así como un plan de trabajo apropiado, además de verificar que el monto ya ejecutado en infraestructura transitoria haya sido correctamente rendido.
