La Contraloría de Chile ha revelado serias deficiencias en la gestión de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en relación con los incendios forestales ocurridos en 2024 y 2025 en la región de La Araucanía. La auditoría, que abarcó dos siniestros significativos, ha puesto de manifiesto fallas en los protocolos de actuación, la falta de registros adecuados y la omisión de alertas meteorológicas al autorizar quemas controladas.
El informe final de la investigación especial N° 569 detalla que el incendio forestal conocido como “Providencia”, que tuvo lugar en Traiguén en 2025, se originó a partir de una quema controlada que Conaf autorizó, pero que no fue extinguida de manera efectiva. Este incidente afectó una superficie de 3.064 hectáreas. La auditoría también destacó que, al autorizar la quema, Conaf no tomó en cuenta las alertas preventivas emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ni las condiciones climáticas adversas reportadas por la Dirección Meteorológica de Chile, que indicaban temperaturas entre 22 °C y 28 °C, humedad inferior al 30% y vientos de hasta 50 kilómetros por hora.
Estas condiciones climáticas aumentaron significativamente el riesgo de incendios forestales, lo que se materializó en la emergencia de Traiguén. En consecuencia, la Contraloría ha ordenado un sumario administrativo para investigar posibles responsabilidades de los funcionarios que permitieron la quema, ya sea por acción u omisión de información relevante. Los hallazgos han sido enviados al Ministerio Público para su consideración.
Además, el informe señala que Conaf no cumplió con su obligación legal de informar al Ministerio Público sobre el origen del incendio, a pesar de contar con la información técnica necesaria. Esta falta de denuncia afecta la trazabilidad y la eficacia del sistema de persecución penal en casos de incendios forestales, según el documento de la Contraloría.
En relación al incendio de Lonquimay, que se produjo en 2024 en la localidad de Troyo y que devastó 805,85 hectáreas, el informe indica que el sistema para calcular los costos reales de la extinción de incendios no fue implementado adecuadamente, lo que llevó a que las valoraciones se realizaran manualmente. La Contraloría ha exigido que en un plazo de seis meses se establezca un plan de trabajo para implementar el módulo de “Costeo de incendios y valorización de pérdidas” del sistema SIDCO.
Por último, Conaf tiene un plazo de 60 días hábiles para formalizar un procedimiento que garantice la remisión directa y documentada al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen las causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de gran magnitud.
