La reciente encuesta Cadem ha revelado que una abrumadora mayoría de los chilenos apoya el fortalecimiento de la seguridad en colegios y liceos, en un contexto marcado por la violencia escolar. Este aumento en la preocupación se ha intensificado tras el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, lo que llevó a varias instituciones educativas a suspender clases el 2 de abril debido a amenazas de tiroteos.
La encuesta indica que el 92% de los encuestados está a favor de la instalación de cámaras de vigilancia en los recintos educativos, mientras que el 86% apoya la implementación de detectores de metales en las entradas. Además, el 82% se mostró a favor de utilizar cámaras de reconocimiento facial y el 81% respaldó la revisión de mochilas dentro de los colegios. Esta respuesta refleja el creciente temor de la ciudadanía ante la violencia en el entorno escolar, que ha sido evidenciada por varios incidentes recientes en diversas ciudades del país, incluyendo Curicó, Angol, Concepción y Rancagua.
Entre los colegios que decidieron suspender clases como medida preventiva se encuentra el Colegio Salesianos de Linares, en la Región del Maule. La decisión fue tomada tras el hallazgo de un mensaje en uno de los baños del establecimiento que anunciaba un tiroteo para ese día. En un comunicado, la institución explicó que esta acción busca “resguardar la seguridad y fortalecer las acciones de cuidado y acompañamiento de toda la comunidad educativa”. Los antecedentes del caso ya han sido entregados a la Fiscalía.
Asimismo, en Antofagasta, tres colegios, los liceos A-14, B-13 y la escuela F-94, también suspendieron sus actividades tras recibir amenazas. El coronel de Carabineros, Luis Muñoz, de la Prefectura Antofagasta, informó que estas denuncias están siendo comunicadas al Ministerio Público, que ha comenzado a implementar medidas de protección para los establecimientos, incluyendo rondas periódicas y comunicación prioritaria.
La situación actual ha generado un debate sobre la seguridad en las escuelas y la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a los estudiantes y al personal educativo, en un contexto donde la violencia escolar se ha convertido en una preocupación creciente para la sociedad chilena.
