La diputada Catalina Pérez, a través de su abogado Gonzalo Medina, ha presentado un reclamo ante la Fiscalía Nacional en contra de los persecutores de la Fiscalía de Antofagasta. Este reclamo se origina tras la filtración de conversaciones con su expareja, Daniel Andrade, en el marco del caso conocido como Democracia Viva.
Detalles del reclamo presentado
El abogado Gonzalo Medina ha indicado que el reclamo se centra en la “filtración de antecedentes de la carpeta reservada” relacionada con la investigación de un presunto delito de aborto que involucra a la diputada Catalina Pérez. En una declaración reciente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, confirmó que esta es una de las aristas del caso.
Filtración de chats y su impacto
Los chats que fueron filtrados, los cuales fueron revelados por T13 el pasado jueves, forman parte de un informe que el Ministerio Público está utilizando para buscar el desafuero de Catalina Pérez ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esto es parte de un proceso para formalizarla por fraude al fisco.
Confidencialidad de la investigación
En un comunicado, Gonzalo Medina enfatizó que la confidencialidad de la investigación está respaldada por lo que establece la Corte Suprema, lo que significa que ninguna persona ajena al caso debería tener acceso a la información reservada. Además, el abogado solicitó acceso al expediente de la investigación, pero su solicitud fue denegada, indicándole que debía realizar el trámite directamente ante el Ministerio Público.
Carácter reservado del caso
Gonzalo Medina también mencionó que la causa se mantiene con carácter reservado en el sistema virtual de la Fiscalía de Chile, lo que le impide acceder a los detalles del proceso. En su comunicado, expresó: “Pese a este carácter de extrema reserva, diversos antecedentes sobre este asunto fueron expuestos en la prensa en el día de ayer“.
El abogado añadió que esta situación se suma a otras filtraciones de partes de la carpeta de investigación y de antecedentes que solo deberían ser conocidos por el Ministerio Público, lo que, según él, causa un grave perjuicio no solo a su representada, sino también al sistema judicial chileno.
