La renuncia de Marcela Sandoval del Ministerio de Bienes Nacionales parecía marcar el final de la fallida adquisición de la casona de Salvador Allende en calle Guardia Vieja, que se planeaba convertir en un museo. Sin embargo, la oposición ha decidido llevar la situación más allá, presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional para buscar la destitución de la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández. El jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, declaró: “Hemos tomado la decisión de hacer ingreso como bancada del Partido Republicano de ese requerimiento del Tribunal Constitucional para que el TC resuelva esto. Aquí estamos ante una situación muy compleja que es no sólo de una ministra que permanece en el cargo, sino que una senadora que está todos los días votando, haciendo valer su voto en temas muy relevantes”.
El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, se unió a las voces que piden la destitución de la senadora del Partido Socialista, afirmando en Radio Duna que “ni la senadora Allende, que lleva décadas en el Congreso, ni la ministra Fernández, podrían no haber sabido que lo que estaban haciendo era inconstitucional. Y, por lo tanto, a mí me llama demasiado la atención que ellas no hubiesen alzado la voz para decirle al Presidente: ‘oiga, esto que usted quiere hacer, se lo agradecemos, lo que usted está haciendo por Salvador Allende, nuestro familiar, padre, abuelo, pero no se puede'”.
Casona de Salvador Allende
La situación se complica aún más con la renuncia de Marcela Sandoval, quien dejó su puesto tras la controversia por la compra de la casa de Allende. La ministra Carolina Tohá comentó sobre la salida de Sandoval, señalando que “es algo que no debió haber sucedido” y realizó una autocrítica por la fallida compra de la casa de Allende.
El Partido Socialista ha salido en defensa de Isabel Allende y Maya Fernández. En respuesta a la ofensiva de la oposición, la senadora Allende se defendió en una conferencia de prensa, que estuvo marcada por tensiones entre parlamentarios y periodistas. En relación a la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales de cancelar la compra de la casa de su padre, Allende afirmó que “hemos entregado el mandato necesario para que efectivamente se rescinda del compromiso que se había establecido” y enfatizó que “toda la actuación de la familia fue de buena fe, si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta”.
Reacción de la senadora Isabel Allende
Respecto a la acción de los Republicanos de llevar su caso al Tribunal Constitucional, Isabel Allende declaró que “están en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, por supuesto, como familia o, en este caso, como senadora, defendernos”. Además, anunció que han contratado al abogado Gabriel Osorio para que los represente como familia, indicando que “así como ellos pueden ir al Tribunal Constitucional, para nosotros será el momento, entonces, también, de que se conozcan los hechos, poder defendernos”.
Desde el Partido Socialista, se cuestionaron las intenciones de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional. El jefe de la bancada de diputados, Daniel Melo, afirmó: “Si uno revisa las actuaciones de la senadora Isabel Allende a lo largo de toda su trayectoria política, hablamos de una persona intachable que tiene sin duda una trayectoria política en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la justicia social y hoy día lo que busca la extrema derecha con esto, una vez más, primero es tratar de sacar a todo evento a una ministra de Estado y por otra parte cesar en el cargo a una senadora de la República”. Melo describió la acción como “una artimaña política que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sustento ni fundamento, solo la búsqueda de la odiosidad”.
Responsabilidades políticas y la postura del Gobierno
El Ejecutivo ha reiterado que no hubo un accionar inconstitucional en la operación de compra-venta de la casa de Salvador Allende, ya que la transacción nunca se concretó. La vocera del Gobierno, Aisén Etcheverry, afirmó que “esa responsabilidad política recae en el ministerio que estaba a cargo de la ejecución de este proyecto y eso es el Ministerio de Bienes Nacionales”. Etcheverry también subrayó que “no es baladí que un ministro de Estado salga, pero dada la naturaleza y la importancia del asunto, el presidente tomó esa decisión y las responsabilidades políticas se radican en el ministerio que estaba a cargo”.
En cuanto a la posible acción inconstitucional, la vocera subrogante insistió en que “esto no ha tenido efectos, que no ha habido transferencia de recursos, además se toma la decisión de realizar esta resciliación, que lo que busca es dejar esa etapa del proceso sin efecto”. Además, defendió la actuación de Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres, quien asesoró al presidente en la firma del decreto que autorizaba la compra de la casona. Etcheverry explicó que “el decreto supremo que firma el Presidente de la República y que, por supuesto, fue analizado por la División Jurídica que analiza legalmente todos los documentos que firma el presidente, es el decreto que habilitaba al proceso de compra, decreto que, por cierto, fue a toma de razón por parte de Contraloría y que lo que permitía era seguir avanzando en el proceso”.
La vocera concluyó que “ese acto, en el conjunto de actos que se requieren para la actualización, consistía exclusivamente en decir si es un inmueble de interés patrimonial, si es el inmueble que es de interés patrimonial y si el Ministerio de Bienes Nacionales tiene las facultades legales para proceder adelante con su adquisición”.
