Inicio Actualidad

Aportantes de LarrainVial demandan por administración desleal en fondo de Jalaff

Grupo de 23 aportantes se querella contra Larrainvial por administración desleal.
Grupo de 23 aportantes se querella contra Larrainvial por administración desleal.

Aportantes de LarrainVial Capital Estructurado I demandan por administración desleal tras la caída del valor de sus inversiones en Grupo Patio.

Un grupo de 23 aportantes del fondo “Capital Estructurado I” de LarrainVial Activos ha presentado una querella contra la gestora, acusándola de administración desleal en relación con la gestión del vehículo de inversión desde su creación. La historia de este fondo se remonta a 2022, cuando el directorio de la Administradora General de Fondos (AGF) denunciada, bajo la iniciativa de su presidente, Andrés Bulnes Muzard, decidió establecer el vehículo con el objetivo de ofrecer una solución de mercado a las deudas que acumulaba el entonces socio de la firma inmobiliaria, Antonio Jalaff, que superaban los $20 mil millones.

El atractivo principal del fondo radicaba en que las inversiones se realizarían a través de vehículos societarios en la propiedad del Grupo Patio. Este aspecto fue fundamental para que los aportantes decidieran invertir, según se detalla en la querella. Se acordó que la colocación de las cuotas del fondo se llevaría a cabo de manera directa por la sociedad administradora o a través de agentes que actuarían como mandatarios para las operaciones realizadas por los partícipes del fondo. Para ello, se eligió a STF Capital, una corredora de bolsa que ha sido cancelada y cuyos propietarios, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, junto con Rodrigo Topelberg, fueron formalizados en el contexto del Caso Factop.

Los querellantes adquirieron cuotas del fondo por un total de $1.808 millones, con un valor unitario de $35.270,45. Sin embargo, 14 meses después, el valor de la cuota había caído drásticamente a $5.800. La querella sostiene que la estructuración del fondo “Larrain Vial Capital Estructurado I” ha perjudicado evidentemente a los aportantes de la Serie B, quienes han visto disminuir su inversión a menos del 16% de su monto original.

La querella argumenta que la situación financiera de Antonio Jalaff Sanz, que se hizo pública a través de los medios de comunicación, no podía ser desconocida por Larrain Vial, dado su vínculo comercial de larga data con los hermanos Jalaff. Se alega que el vehículo adquirió “deuda vencida” del empresario y de sus sociedades, valorando dicha deuda al 100%, sin aplicar ningún castigo ni provisión, lo que ha llevado a la conclusión de que el verdadero objetivo del fondo era proporcionar fondos frescos a Jalaff.

Además, se menciona un acuerdo extrajudicial entre “Capital Estructurado I” y Antonio Jalaff por un total de aproximadamente $3.511 millones, que buscaba levantar una medida precautoria que el fondo había interpuesto contra el empresario tras la venta de su participación indirecta en Grupo Patio. Esta medida había logrado retener UF 252 mil, equivalentes a cerca de $9 mil millones, lo que representaba una posible recuperación del 64,28% de la inversión inicial para los aportantes. Sin embargo, el acuerdo implicó una reducción significativa de la pretensión inicial, pasando de UF 252.000 a menos de UF 94.300, de los cuales solo UF 23.777,24 correspondían a efectivo, mientras que el resto eran créditos documentados en reconocimientos de deuda.

La querella también señala que el gerente general de STF Capital, Luis Flores, es mencionado por el delito de estafa. Se indica que la exintermediaria ofreció el fondo a sus clientes con condiciones de inversión que diferían de las originalmente estructuradas por LarrainVial Activos, incluyendo un pacto de retrocompra a dos años y mayor liquidez. STF ofreció las cuotas con el compromiso de recomprarlas al cabo de 24 meses, con una tasa de retorno de UF + 10% anual y la posibilidad de realizar retiros parciales en intervalos de 30, 60 y 90 días, lo que contrasta con la duración original del fondo de 10 años.

La querella sostiene que la corredora había anunciado a los aportantes que firmaría contratos que obligarían a la recompra de las cuotas en un plazo máximo de dos años, pero estos contratos nunca fueron firmados, lo que sugiere que no existía la intención real de cumplir con lo prometido. Esto se debe a que, de haberlo hecho, tendrían que contabilizar esos compromisos como deuda, lo que habría afectado negativamente sus ratios financieros.

Finalmente, se afirma que STF Corredores de Bolsa SpA era consciente del mal estado financiero de Antonio Jalaff, dado el estrecho vínculo de sus propietarios con el empresario. La querella concluye que se ofreció un instrumento de inversión que, desde su inicio, no tenía posibilidades reales de generar los retornos prometidos a los inversionistas.

Salir de la versión móvil