La Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, lo que ahora será evaluado por el Senado.
La Sala de la Cámara de Diputados ha aprobado la admisibilidad de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, lo que podría llevar a su destitución del máximo tribunal del país. Esta decisión permite que el libelo sea analizado por el Senado, que actuará como juez para determinar si ambos magistrados deben dejar el Poder Judicial. La votación para la admisibilidad se realizó con un resultado de 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones.
Previamente, la Sala había rechazado la cuestión previa presentada por la defensa de los ministros, con una votación que resultó en 91 votos en contra, 52 a favor y 2 abstenciones. La sesión estuvo marcada por la controversia, especialmente por la decisión de votar conjuntamente ambas acusaciones.
El ministro Muñoz enfrenta cuestionamientos, entre otros aspectos, por haber proporcionado información a su hija, la jueza Graciel Muñoz, sobre un proyecto inmobiliario cuyo destino iba a ser decidido por la Sala en la que él se encontraba. Por su parte, la ministra Vivanco ha sido mencionada en el contexto del caso conocido como “Audios”, debido a comunicaciones inapropiadas con el abogado Luis Hermosilla.
Durante la sesión, el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la ministra Vivanco, fue el primero en intervenir. Manríquez argumentó que 62 diputados y diputadas deberían ser considerados inhábiles para votar, ya que habrían expresado su convicción sobre la admisibilidad de la acusación antes de su tratamiento en la Sala. Según su perspectiva, esta situación vulnera derechos fundamentales y los principios del derecho tanto nacional como internacional, afectando el debido proceso y la capacidad de defensa efectiva. Manríquez enfatizó que “se debe actuar en todo momento guardando la regla de imparcialidad”.
El abogado también planteó un segundo punto relacionado con el cumplimiento de la regla de quórum para estos procedimientos. Afirmó que, dado que se había admitido a trámite un libelo que involucra a dos ministros con la misma condición en la Corte Suprema, no existe una norma constitucional que permita dividir la votación. “No se pueden generar reglas donde el constituyente no las ha creado. El asunto es claro; es respetar las reglas”, añadió.
La defensa del ministro Muñoz fue presentada por el abogado Jorge Correa Sutil, quien argumentó que la acusación vulnera la Constitución política al afectar los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Correa Sutil calificó la situación como “aberrante”, ya que se acusa en un mismo libelo a dos personas por conductas distintas, lo que consideró una “aberración jurídica” que viola los derechos humanos de los acusados.
El abogado también señaló que, aunque hubo manifestaciones previas por parte de algunos diputados sobre la pertinencia de la votación única, nadie negó que esta decisión conlleva una violación de los derechos humanos. Correa Sutil advirtió que si no se aceptaba la cuestión previa y se decidía votar conjuntamente la acusación, se infringiría de manera flagrante la Constitución. A su juicio, no respetar las formas y procedimientos es incompatible con el Estado de Derecho, y afirmó que “ningún miembro de esta Cámara tiene el derecho a someter a un colega a ese dilema”. Además, subrayó que la acusación “no respeta la consciencia de quienes integran la Cámara”, ya que se les pide que actúen de manera “jurídica, política y éticamente inadmisible”.
