En la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara se encuentra actualmente la moción presentada por diputados de oposición, que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de aumentar las penas para los menores de 16 años que cometen delitos violentos.
El proyecto, que fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 9 de julio, ha regresado a la comisión para su discusión en particular. Esta iniciativa propone incrementar de 5 a 10 años la pena máxima de internación cerrada para los menores de entre 14 y 16 años que participen en delitos graves como el robo con secuestro, la violación, el homicidio simple y el homicidio calificado.
En este contexto, Unicef ha hecho un llamado a las autoridades del país para que las reformas en materia de justicia penal adolescente que se están discutiendo en el Congreso se alineen con los compromisos internacionales adquiridos por el país. La organización enfatiza la importancia de privilegiar la prevención, la protección y la efectiva reinserción social de los adolescentes que han cometido delitos.
El organismo ha reiterado su disposición a promover y acompañar un diálogo amplio y constructivo con todos los sectores políticos e institucionales, revisando los factores de riesgo, con el fin de salvaguardar el derecho a la protección y al desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes en el país. Además, busca generar políticas efectivas para la prevención de delitos, que eviten el uso de la niñez y la adolescencia por parte de bandas criminales, así como la protección efectiva de las víctimas de delitos, lo que incluye la investigación oportuna y la sanción efectiva a los adultos responsables.
Sin embargo, Unicef ha argumentado que las recientes propuestas legislativas que modificarían la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Boletín 15.589-07) incluyen disposiciones que, de ser aprobadas, debilitarían el principio de especialización de la justicia juvenil. Estas medidas aumentarían las sanciones privativas de libertad para menores de 16 años y restringirían acciones que favorecen la reinserción responsable.
Asimismo, han señalado que “estas medidas, lejos de mejorar la seguridad pública, contradicen la evidencia internacional y ponen en riesgo el derecho de las y los adolescentes a una reinserción social efectiva, tal como lo establece el artículo 40 de la Convención”.
En cuanto a la evidencia internacional, Unicef ha explicado que “la evidencia señala que, a mayor tiempo de privación de libertad en adolescentes, menores son las posibilidades de reinserción social efectiva”. La tendencia internacional se orienta hacia el fortalecimiento de medidas alternativas en el medio libre, programas de justicia restaurativa y una robusta inversión en prevención, que acompañe a niñas, niños, adolescentes y a sus familias, especialmente aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad.
El grupo de expertos del Comité de los Derechos del Niño ha recomendado “intervenciones tempranas y respuestas proporcionales que prevengan la reincidencia y favorezcan la integración social”.
Desde Unicef se ha expuesto que “toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y contra las personas, en general, es inaceptable y merece una respuesta oportuna”. Las víctimas requieren una atención inmediata, integral y empática que les permita recuperarse de los traumas y daños sufridos.
Además, para lograr un impacto duradero y sostenible, las autoridades e instituciones deben mirar más allá de la respuesta inmediata y atender las causas sociales y económicas que generan violencia, tales como la desigualdad, la discriminación, el abandono escolar y la falta de oportunidades hacia un trabajo digno, así como el combate al crimen organizado.
