Gobierno anuncia reducción de aranceles y costos de registro para automotores, impactando tanto a vehículos nuevos como usados. Conoce los detalles.
El lunes de esta semana, el Gobierno publicó un Boletín Oficial que contenía las resoluciones anunciadas la semana anterior, relacionadas con la decisión de reducir aranceles y costos de registro para automotores. En el mercado surgieron diversas dudas, una de las cuales era si la reducción en la transferencia de vehículos afectaría únicamente a los automóviles usados o si también tendría un impacto en la alta de vehículos cero kilómetro. El mismo viernes, se planteó otro interrogante sobre la actualización del valor fiscal según el año modelo, lo que podría desestabilizar el objetivo que se buscaba con esta medida por parte del propio Gobierno.
Las resoluciones abarcan tres ministerios diferentes. En primer lugar, se eliminan los cargos que se cobraban por la emisión del título de propiedad, la cédula de identificación (verde) y las chapas de patente, así como las firmas autenticadas. En segundo lugar, se establece la creación del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Automotor (CDA). Por último, se implementarán limitaciones en las ganancias de los Registros Automotores. Aunque todas estas medidas son consideradas positivas, el impacto inicial más significativo para los ciudadanos se relaciona con las unidades de vehículos.
Una de las principales novedades es la reducción del arancel de transferencia, que pasará del 1,5% para vehículos nacionales y del 2% para importados a un único 1% para todos. Esta medida también será válida para las transferencias entre propietarios de vehículos que ya están inscriptos. El proceso, que se considera definitivo, permitirá la implementación de la registración remota, siguiendo el camino de la reglamentación y la implementación de legajos 100% digitales para cada vehículo. Sin embargo, aún será necesario acudir de manera presencial a los Registros Automotores, ya que el “ecosistema digital” está comenzando a funcionar. Fuentes del Gobierno explicaron que “son pasos a dar y se están dando. Primero se debe tener todo en formato digital y luego se podrá incorporarlo a la plataforma”.
No obstante, la noticia sobre la tabla de valuación de automotores, que se realizó en junio, no pasó desapercibida. Este ajuste se considera razonable en un país con inflación, ya que la anterior actualización había sido en marzo, y las anteriores en febrero, enero y noviembre. Esto significa que los valores que tiene actualmente la DNRPA son más altos, lo que podría reflejarse en los gastos decididos por el Ministerio. De esta manera, el ajuste fijo ya ha llevado a que los vehículos aumenten un 40% y, en el caso de que se realice un ajuste, se tomará un porcentaje menor al 10%. En cuanto a los vehículos usados, no se regularán los precios de lista de las marcas, que precisamente se fijan en septiembre, y estarán sujetos al impuesto PAIS, lo que podría resultar en incrementos.
El aumento oficial implica que se pagarán tasas e impuestos provinciales, lo que podría llevar a un incremento en los precios de la DNRPA, que son del 3% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 4% en el interior, en muchos casos neutralizando así la importante subida. La antigüedad del vehículo influye en el mercado de manera menor. Por ejemplo, un Volkswagen Gol 1.6 modelo 2009 tenía un costo total, que incluía el pago del título y las patentes, de $110.000. Este lunes, sin pagar, el costo asciende a $151.000, lo que representa un aumento de $32.000, aunque la revaluación sería de $36.000, y el pago de la tasa municipal pasó de $64.000 a $109.000. En contraste, el Toyota Yaris XLS 1.5 2019 experimenta un cambio menos significativo, aunque podría ser considerable, pasando de $548.353 a $483.618. En términos absolutos, el costo bajó de $174.465 a $119.400. En la provincia de Buenos Aires, el costo se refleja en $360.000, que se ha reducido a $358.200, lo que indica una disminución en la jurisdicción donde se inscribe el automóvil.
La actualización de junio se realizó en un contexto de aumentos que han corrido a la par de la inflación, un proceso que puede ser difícil de detener. “Así, las primeras fábricas que absorbieron los costos que habían pagado para vender a las concesionarias impactarán en la gente, con valores fiscales inoportunos. Ahora estará en manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomar las decisiones que el gobierno ha tomado”, afirmaron fuentes del sector a Infobae en las últimas horas.
