Cámara de Diputados analiza acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean-Pierre Matus en el centro del debate.
La Cámara de Diputados ha iniciado un proceso inédito al analizar simultáneamente tres acusaciones constitucionales dirigidas contra tres ministros de la Corte Suprema de Chile. Los ministros en cuestión son Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean-Pierre Matus, quienes enfrentan acusaciones por “notable abandono de deberes” en el ejercicio de sus funciones. Para llevar a cabo este análisis, se han sorteado tres comisiones de cinco miembros cada una, que se encargarán de estudiar los libelos presentados.
El proceso ha comenzado con el conteo de tres días para notificar a los acusados. Posteriormente, cada comisión recibirá opiniones de expertos y permitirá que la defensa de cada ministro exponga sus argumentos. Finalmente, cada comisión emitirá un informe a la Sala, aunque este no será vinculante. En caso de que alguna de las acusaciones sea aprobada, el Senado actuará como jurado para decidir el futuro de cada uno de los ministros implicados.
En cuanto a las acusaciones, la que parece contar con mayor respaldo es la presentada contra la ministra Ángela Vivanco, quien actualmente se encuentra suspendida y tiene un cuaderno de remoción abierto. Este libelo ha sido firmado por la Democracia Cristiana (DC) y las bancadas del oficialismo, recibiendo también apoyo de algunos diputados de la oposición. Las acusaciones contra Vivanco incluyen la entrega de información sobre causas no resueltas, la recepción de solicitudes para integrar salas y sugerencias sobre cómo fallar, así como la influencia en el ascenso de colegas a la Corte Suprema.
El primer capítulo de la acusación se basa en conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, donde se le atribuye a Vivanco la entrega de información sobre causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas antes de que se firmara la sentencia y se notificara. Se argumenta que esto demuestra un incumplimiento de los deberes de reserva de causa en estado de acuerdo y que su actuar afecta gravemente la independencia externa de la Corte, especialmente en el contexto de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
El segundo capítulo de la acusación sugiere que hubo una “concertación” con Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema que fueran afines a sus intereses. La última parte de la acusación se refiere a la entrega de consejos y recomendaciones procesales a Hermosilla en relación con la instalación de la Segunda Sala Penal.
Por otro lado, el libelo acusatorio contra el ministro Sergio Muñoz se centra en un proyecto inmobiliario en el que su hija, la jueza Graciel Muñoz, invirtió parte de su patrimonio. Los diputados de Chile Vamos han presentado acusaciones que incluyen dos capítulos sobre contactos indebidos en relación con ciertas causas y la falta de declaración de inhabilidad. En el caso de Vivanco, se mencionan conductas que habrían afectado gravemente su imparcialidad e independencia como jueza, así como injerencias indebidas en procesos de designación de cargos públicos.
En el caso de Muñoz, se detalla que incurrió en notable abandono de deberes al anticipar un fallo que tendría efectos patrimoniales significativos para su hija, sin manifestar la inhabilidad correspondiente en una causa de interés patrimonial. Esto se refiere específicamente al proyecto inmobiliario Fundamenta en Plaza Egaña, donde su hija había realizado una inversión. Los diputados argumentan que el juez discutió el contenido de una sentencia que estaba en acuerdo, lo que generó un evidente conflicto de interés.
Finalmente, el ministro Jean-Pierre Matus enfrenta acusaciones por supuestas mentiras sobre sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, así como por no declarar inhabilidades. Los acusadores sostienen que Matus ha faltado a la verdad en sus declaraciones públicas, lo que se considera un notable abandono de deberes. Se menciona que, a pesar de haber afirmado no tener vínculos cercanos con Hermosilla, se han revelado conversaciones que contradicen esta afirmación. Además, se le acusa de pronunciar la frase “ni perdón ni olvido” tras su designación en la Corte Suprema, lo que podría transgredir el principio de imparcialidad.
