
Una compleja situación enfrenta al interior del Ministerio Público en Chile, donde el fiscal nacional Ángel Valencia se encuentra bajo el escrutinio público tras reconocer que se reunió con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick poco después de asumir su cargo. Esta reunión se produjo en el contexto del caso conocido como Audios, donde se le solicitó a Valencia que intercediera para facilitar un procedimiento abreviado para el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien está imputado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
La explicación proporcionada por Valencia no logró convencer a todos los funcionarios de la Fiscalía, quienes consideran que sus declaraciones han sido “poco claras”. En respuesta a esta situación, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público de la Región de O’Higgins emitieron un comunicado dirigido al Consejo de Fiscales, en el que solicitan que el fiscal nacional se inhabilite de cualquier investigación relacionada con el caso Audios.
En el comunicado, los funcionarios expresan que “es fundamental dar señales claras de transparencia en las diversas investigaciones que la institución lleva a cabo. Esto es un deber hacia la ciudadanía y la opinión pública, y es inaceptable que relaciones previas con investigados e imputados comprometan la credibilidad de nuestras investigaciones y la reputación de la institución”. Además, enfatizan que “es imprescindible que todas las personas con vínculos cercanos, indebidos o no, se inhabiliten en estos procesos”.
Los funcionarios del Ministerio Público subrayan la necesidad de posicionar la transparencia, la ética y la probidad como ejes centrales del actuar del Ministerio Público, afirmando que “no debe haber espacio para apoyos corporativos ni individuales que puedan empañar estos principios”. En su solicitud, indican que “por estas razones, solicitamos respetuosamente que el fiscal nacional Ángel Valencia se inhabilite de cualquier investigación ligada al caso Audios o, en su defecto, que los fiscales regionales sean quienes soliciten la inhabilidad, dado su conocido vínculo con los señores Hermosilla y Chadwick, y las explicaciones poco claras que se han dado al respecto”.
Finalmente, los funcionarios del Ministerio Público concluyen que “esta solicitud de inhabilidad es un acto necesario que reafirma nuestro compromiso con la probidad. En este tema ustedes tienen la responsabilidad de alinear las directrices y asegurar que todas las acciones de la institución se ajusten a los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia. Su rol es fundamental para garantizar que los procesos internos se lleven a cabo de manera justa y que se mantenga la confianza pública en nuestra gestión”.