Gustavo Alessandri y alcaldes proponen herramientas legales para que municipios defiendan a sus vecinos ante la creciente crisis de delincuencia en Chile.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Gustavo Alessandri, subrayó la urgencia de implementar “medidas concretas para defendernos en un Chile que enfrenta la crisis de delincuencia más grande de la historia”. Alessandri enfatizó la importancia de proporcionar nuevas herramientas a los municipios, lo que les permitiría proteger a sus vecinos y a las asociaciones de municipalidades en la defensa de diversas víctimas de la delincuencia. “De lo contrario, vamos a seguir perdiendo esta guerra que hoy nos tiene encerrados en nuestras casas”, afirmó.
En este contexto, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, destacó que “para nosotros es muy importante avanzar en estos ámbitos”. Palacios señaló que es fundamental que los municipios cumplan con la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, que es la principal preocupación de los vecinos. “Queremos avanzar en herramientas que nos permitan cumplir dicho objetivo”, añadió.
Los alcaldes han expresado su deseo de que el Gobierno otorgue prioridad a esta propuesta, la cual facilitaría el acceso a la justicia, reduciría los costos y el desgaste emocional de las víctimas, y permitiría una respuesta más rápida y eficiente en la defensa de los ciudadanos. El diputado Miguel Becker, quien junto a la bancada de Renovación Nacional ha respaldado el proyecto, comentó que “es fundamental que nuestros municipios cuenten con herramientas legales que les permitan actuar de manera rápida y eficiente en la defensa de sus vecinos, especialmente en situaciones donde su seguridad e integridad se vean comprometidas”.
El proyecto de ley en cuestión busca modificar el artículo 65 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para incluir la posibilidad de que los municipios aprueben el ejercicio de querellas o acciones de protección en favor de los vecinos de la comuna. Esta acción legal se aplicaría en casos que involucren delitos contra las personas, delitos cometidos con violencia o intimidación, delitos contra la propiedad, y aquellos que atenten contra el orden y la seguridad pública.
Los promotores de esta iniciativa han manifestado que “queremos que los municipios sean verdaderos defensores de sus vecinos, facilitando su acceso a la justicia en los momentos más difíciles”.
