El gobierno alemán ha expresado su preocupación por la decisión de Chile de frenar la expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, un enclave que fue utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura militar.
La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, se refirió a la reciente decisión del gobierno chileno, liderado por el presidente Gabriel Boric, de no avanzar con la confiscación de 117 hectáreas de este territorio, que ha sido objeto de análisis en el marco de un Memorándum de Entendimiento firmado en 2017 entre ambos países. Este acuerdo busca establecer una comisión mixta para investigar la memoria histórica de Colonia Dignidad.
Deschauer indicó que el gobierno alemán está revisando la situación y que se mantendrán en contacto con las autoridades chilenas para discutir el tema. “Estos son informes muy recientes a los que se refiere. Por supuesto, los analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”, afirmó la portavoz.
La preocupación del gobierno alemán se centra en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad, donde se llevaron a cabo numerosas violaciones a los derechos humanos bajo el mando de Paul Schäfer. Deschauer subrayó que el esclarecimiento de estos crímenes es una prioridad para el Gobierno Federal, que apoya la creación de un memorial en Chile para honrar a las víctimas.
La Comisión Mixta Germano Chilena, que se estableció como parte del Memorándum, tuvo su último intercambio con el gobierno chileno anterior en diciembre de 2025, y se espera que la próxima reunión se realice a principios del verano de 2026. La vocera alemana destacó que el manejo del tema del memorial y la preocupación por la memoria histórica serán puntos importantes en las discusiones futuras.
El debate sobre la expropiación de Colonia Dignidad ha generado reacciones entre exministros y figuras políticas en Chile, quienes han expresado diversas opiniones sobre la situación. La discusión se enmarca en un contexto más amplio de revisión de políticas y presupuestos en el país, donde se han reportado casos de violencia en 15 de las 16 regiones, con Arica como la única sin incidentes el año pasado.
