La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, ofreció una explicación sobre la fallida operación para adquirir la casa del exPresidente Salvador Allende, que tenía como objetivo convertirla en un museo. Etcheverry aclaró que no se realizó el traspaso de recursos y que, junto a la familia Allende, se llevará a cabo el trámite de “resciliación”, que busca anular el contrato previamente firmado en notaría. “Este proceso se debió haber suspendido antes”, afirmó Etcheverry, reconociendo errores en la gestión, lo que llevó al Presidente Gabriel Boric a solicitar la renuncia de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), asumiendo así la responsabilidad política por lo ocurrido.
Detalles del proceso de compra
La vocera del Gobierno explicó que el proceso de compra se encontraba en una etapa intermedia y que aún faltaban pasos por completar. “El viernes se tomó la decisión de no continuar con el proceso”, indicó, añadiendo que se había firmado un decreto supremo que contaba con la toma de razón de la Contraloría, el cual fue firmado por la exministra y el Presidente, pero que no logró avanzar.
Etcheverry también mencionó que, aunque se firmó la escritura en notaría, “eso ocurrió y fue el momento en que se detuvo el proceso”. Aclaró que no se emitió un decreto de Bienes Nacionales y que no se realizó el traspaso de la propiedad. “Y solo si eso hubiera ocurrido se hubieran transferido los recursos”, que ascendían a cerca de $1.000 millones.
Proceso de resciliación
La ministra puntualizó que “resciliar el contrato significa que el acto de la escritura pública se va a dejar sin efecto, extinguir las obligaciones que pudieran haber existido en ese documento”. Este procedimiento busca asegurar que las consecuencias del acto ya no afecten a ninguna de las partes involucradas.
A pesar de las preguntas sobre la responsabilidad política de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es nieta de Salvador Allende y firmó el contrato como una de las propietarias del inmueble, la vocera se limitó a señalar que la responsabilidad ya había sido asumida por la exministra de Bienes Nacionales.
