El Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, en Perú, ha emitido una sentencia que permite de manera inmediata la realización de transfusiones sanguíneas y cualquier intervención quirúrgica necesaria para un lactante de diez días de vida, quien se encuentra en estado crítico. Esta decisión se tomó tras una solicitud de autorización judicial presentada por la Fiscalía Civil y de Familia, debido a la negativa de los padres del menor a consentir los procedimientos médicos esenciales, basándose en sus convicciones religiosas.
El recién nacido está internado con un diagnóstico de peritonitis generalizada por perforación intestinal, shock séptico y anemia aguda. Según el expediente judicial, los padres del lactante, pertenecientes a la confesión de los Testigos de Jehová, rechazaron la transfusión de sangre y el paquete globular, lo que llevó a la médico tratante a informar a las autoridades sobre el riesgo inminente de fallecimiento del paciente.
En su análisis, el juez ponderó los derechos fundamentales, concluyendo que el derecho a la vida es un prerrequisito esencial para el ejercicio de otros derechos humanos. El fallo establece que, aunque la libertad religiosa tiene una dimensión interna que debe ser respetada, su manifestación externa puede ser limitada por la ley cuando entra en conflicto con la salud pública o los derechos fundamentales de otros, en este caso, el derecho a la vida del lactante.
La fundamentación del juez se basa en el principio del interés superior del niño, tal como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación peruana, que exige que el bienestar de los menores sea la prioridad en cualquier decisión que les afecte. El juez enfatizó que el niño es una entidad independiente de sus padres y que la patria potestad no confiere un derecho absoluto sobre su vida, especialmente dado que el menor no tiene la capacidad de expresar su propia voluntad.
El juzgado, al considerar fundada la solicitud del Ministerio Público, ordenó al personal de salud que cumpla con el tratamiento médico autorizado. Además, se dispuso la intervención de una asistente social para supervisar el estado del lactante y se enviaron los antecedentes a la Unidad de Protección Especial para evaluar si existe una situación de desprotección familiar o riesgo para el menor.
