A dos días de que venza el plazo legal, solo dos ministros del gobierno de José Antonio Kast han cumplido con la obligación de presentar su declaración de patrimonio, según lo estipulado por la Ley de Probidad en la Función Pública. El ministro de Transportes, Louis de Grange, y la ministra de Educación, Marcela Pía Arzola, son los únicos secretarios de Estado que han entregado sus reportes hasta el momento.
Louis de Grange, en su declaración, reportó propiedades ubicadas en Santiago y en Marbella (Maitencillo), así como un vehículo BMW del año 2024 y varios depósitos a plazo en unidades de fomento (UF). Además, declaró un crédito hipotecario por un monto de $122 millones. Por su parte, Marcela Pía Arzola informó sobre sus propiedades en Las Condes, Camino a Farellones y Punta Arenas, un automóvil con patente de 2019, fondos mutuos administrados por LarrainVial y un crédito hipotecario que supera los $360 millones.
La Ley de Probidad establece que todos los ministros y subsecretarios deben presentar su Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI) dentro de los 30 días siguientes a su nombramiento. A pesar de que solo dos ministros han cumplido con esta obligación, el resto del equipo tiene plazo hasta este viernes para presentar sus declaraciones.
En cuanto a los subsecretarios, cinco de ellos han cumplido con la presentación de sus declaraciones. El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, reportó un automóvil modelo X-Trail que aún está pagando y más de diez fondos mutuos. La subsecretaria de Relaciones Internacionales, Paula Estévez, declaró dos automóviles y su participación en la empresa Consultorías e Inversiones Unamuno, así como en una sociedad de inversiones. El subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, informó sobre propiedades en Vitacura y Chile Chico, además de su participación accionaria en Ripley y cuotas de fondos mutuos. La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, reportó bienes raíces en Providencia y Pichilemu, junto con depósitos a plazo. Finalmente, el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, declaró acciones en la sociedad Bettersport y en Cruzados, así como APV y depósitos a plazo.
La normativa vigente también establece que aquellos ministros y subsecretarios que posean acciones por un valor superior a 25 mil UF deben constituir un fideicomiso ciego. Esta obligación se extiende al Presidente de la República, diputados, senadores, contralor, ministros y alcaldes. En caso de incumplimiento, las autoridades pueden enfrentar fiscalizaciones, multas y sanciones impuestas por la Contraloría General de la República.
La Ley de Probidad busca elevar los estándares de transparencia en la función pública, y su cumplimiento es fundamental para garantizar la confianza en las instituciones del Estado.
