Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado a la administración del expresidente Donald Trump restaurar una exhibición sobre la esclavitud en la Casa Presidencial, situada en el Parque Histórico Nacional de la Independencia en Filadelfia. La jueza a cargo del caso determinó que el Departamento del Interior actuó de manera arbitraria al desmantelar la muestra sin la debida autorización de las autoridades locales, lo que contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo.
El conflicto legal surgió tras la remoción de paneles, videos y otros materiales informativos que documentaban la historia de las personas esclavizadas que habitaron la residencia de los expresidentes George Washington y John Adams. La administración federal justificó su decisión argumentando que se alineaba con la Orden Ejecutiva 14253, que busca eliminar elementos que, a su juicio, menosprecian a figuras históricas, centrándose en los logros y el progreso del país.
Sin embargo, la magistrada subrayó que la normativa que regula el Parque Histórico Nacional de la Independencia otorga al Secretario del Interior la facultad de establecer convenios con las ciudades anfitrionas. En este contexto, existe un contrato vinculante con Filadelfia que requiere el consentimiento explícito de la ciudad para realizar modificaciones significativas en la Casa Presidencial. El tribunal concluyó que la orden ejecutiva no exime al gobierno de cumplir con los contratos y leyes existentes.
La sentencia destaca que el Departamento del Interior desatendió el marco legal aplicable al intentar alterar el contenido histórico de un sitio protegido a nivel federal. En su fallo, se enfatiza la relevancia de conservar la documentación sobre la vida de los esclavos de Washington, quienes eran trasladados con frecuencia para evitar activar las leyes de manumisión de Pensilvania. Con esta resolución, se prohíbe cualquier acción futura que busque eliminar referencias a la esclavitud en el recinto.
Este fallo resalta la importancia de la preservación histórica y el respeto a los acuerdos legales en la gestión de sitios de relevancia cultural y patrimonial.
