El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento el pasado viernes 20 de febrero de 2026, tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia, calificándolo de “terrible” y un duro golpe a su agenda política y económica. En respuesta, Trump firmó una nueva orden que establece un gravamen global del 10% bajo un marco legal diferente, sin la aprobación del Congreso.
El Tribunal Supremo, en una decisión con una mayoría de 6-3, determinó que el Gobierno no tiene la autoridad para imponer aranceles en tiempos de paz basándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977. Trump, al comentar sobre la decisión, afirmó que el fallo es “profundamente decepcionante” y sugirió que los jueces que votaron en su contra estaban “influenciados por intereses extranjeros”. Además, indicó que los países que han “estafado” a Estados Unidos durante años están “eufóricos” con el dictamen, que podría resultar en el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados por los aranceles que había implementado anteriormente.
A pesar de la decisión del Tribunal, Trump agradeció a los jueces disidentes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, por su apoyo, afirmando que “al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra”. La mayoría del Tribunal argumentó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles representaría una delegación excesiva del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, considerando que los aranceles son, en esencia, un tipo de impuesto.
En una comparecencia desde la Casa Blanca, Trump insistió en que no necesita la colaboración del Congreso para imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos, afirmando: “Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó al mandatario y mencionó que buscaría la “mejor estrategia a seguir”, argumentando que las políticas de Trump han generado “miles de millones de dólares”.
La oposición demócrata celebró el fallo del Tribunal como una “victoria para el bolsillo de los estadounidenses” y pidió el fin de la guerra comercial.
En cuanto a la nueva orden ejecutiva, Trump anunció que recurrirá a tres leyes que le permitirán continuar con su política económica a pesar del fallo del Supremo. La nueva orden establece un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, aunque esta ley solo permite incrementos de aranceles de hasta un 15% y en períodos de 150 días, lo que genera incertidumbre sobre su implementación a largo plazo. Trump indicó que estos nuevos gravámenes podrían entrar en vigor en tres días y que podrían ser superiores a los ya existentes, además de que se iniciarían investigaciones bajo la Sección 301 para proteger a Estados Unidos de prácticas comerciales desleales.
