El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de las visas de tres funcionarios del gobierno de Chile, acusándolos de comprometer la seguridad regional.
Este viernes, la autoridad estadounidense comunicó que los funcionarios chilenos habrían participado en actividades que socavan las infraestructuras críticas de telecomunicaciones, lo que afecta la seguridad en el hemisferio. En un comunicado publicado en su sitio web, el Departamento de Estado indicó que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” que, según su evaluación, amenazan la seguridad regional.
La medida implica la prohibición de ingreso a Estados Unidos y la revocación de todas las visas vigentes, tanto para los funcionarios involucrados como para sus familiares directos. Desde Washington, se destacó que esta decisión busca “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, en consonancia con la política del presidente Donald Trump de proteger los intereses de seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en la región.
El comunicado también hizo referencia al contexto político en Chile, sugiriendo que “el legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por estas acciones. Además, se reiteró la disposición de Estados Unidos a colaborar en temas de seguridad regional con la futura administración del presidente electo José Antonio Kast.
Las sanciones se adoptaron bajo las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los funcionarios chilenos afectados por esta medida.
En otro contexto, se reportó que dos mujeres fallecieron en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, lo que ha generado un llamado a la privacidad por parte de sus familiares durante el proceso de duelo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que las acciones del Gobierno de Gabriel Boric podrían “socavar la seguridad regional” y afectar al pueblo chileno, enfatizando que el legado del actual gobierno podría verse comprometido por estas decisiones.
