La Unión Interparlamentaria (UIP) ha revelado un informe que documenta el aumento de conductas hostiles hacia los legisladores a nivel global, lo que representa un desafío significativo para la operatividad de los parlamentos y la protección de los derechos fundamentales. Durante una intervención en la ONU, Martin Chungong, director de la UIP, presentó estos hallazgos, que se basan en datos recopilados de 85 países y que incluyen estudios de caso de naciones como Argentina, Benín, Italia, Malasia y los Países Bajos.
El informe destaca que un alarmante 71% de los parlamentarios encuestados ha experimentado violencia en el ejercicio de sus funciones. La mayoría de estas agresiones se producen en el ámbito digital, con cifras que varían entre el 65% y el 77% en los países analizados más a fondo. Estos episodios de hostigamiento tienden a aumentar durante los períodos electorales o en momentos de debate sobre temas que dividen a la opinión pública.
Además, el análisis de la UIP pone de manifiesto una notable brecha de género en la exposición a estos riesgos. Mientras que el 68% de los hombres parlamentarios reportó haber enfrentado violencia pública, el porcentaje se eleva al 76% en el caso de las mujeres, quienes también son más propensas a recibir ataques de naturaleza sexualizada o de género. En contextos como el de Argentina y los Países Bajos, ocho de cada diez legisladores han indicado que la situación ha empeorado en los últimos cinco años.
En cuanto a la autoría de los ataques, el informe revela que la mayoría de los incidentes son perpetrados por individuos aislados en lugar de grupos organizados. En el entorno digital, cerca del 90% de los parlamentarios afectados en cuatro de los países estudiados identificaron a usuarios anónimos como los principales responsables de las agresiones. La diputada italiana Valentina Grippo comentó que estas reacciones suelen surgir cuando las posturas de los legisladores no coinciden con las expectativas de ciertos sectores de la ciudadanía.
Como respuesta a esta problemática, la UIP ha recomendado a las instituciones políticas establecer criterios claros sobre los límites del discurso público para prevenir que la intimidación afecte la representación de minorías o voces disidentes. Entre las sugerencias se incluyen la implementación de sistemas de denuncia interna, el acceso a apoyo legal y psicológico, así como la creación de unidades de seguridad digital especializadas que se encarguen de la vigilancia de amenazas y la coordinación con las fuerzas policiales.
