La tasa de robos violentos en Chile disminuyó un 9,8% durante 2025, según el informe presentado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Este miércoles, el ministro Cordero dio a conocer las cifras unificadas de delitos, elaboradas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), que indican que la tasa de robos violentos pasó de 600,1 a 541,5 casos por cada 100 mil habitantes entre enero y diciembre de 2025. Esto representa una reducción de 11.129 casos en comparación con el año anterior. Uno de los descensos más significativos se registró en el robo violento de vehículos, que cayó un 22,26% a nivel nacional, lo que equivale a 2.293 casos menos. Asimismo, el robo con violencia o intimidación también mostró una disminución notable del 12%.
El balance general del informe revela que todas las categorías delictuales experimentaron descensos en 2025, a excepción de los delitos relacionados con armas y drogas. El aumento en los delitos asociados a armas se atribuye a una mayor fiscalización, mientras que el incremento en los delitos de drogas se debe a una mayor eficacia policial y al fortalecimiento de las capacidades operativas.
En lo que respecta a los delitos contra la integridad de las personas, la tasa se redujo de 1.263,9 a 1.240,8 casos por cada 100 mil habitantes. Se observaron disminuciones en varias categorías, incluyendo abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%).
La violencia intrafamiliar también mostró una tendencia a la baja, con la tasa disminuyendo de 704,2 a 681,9 casos por cada 100 mil habitantes. En términos de frecuencia, los casos policiales cayeron de 141.445 a 137.801, marcando así su tercer año consecutivo de descenso. Las reducciones más significativas se dieron en los casos de violencia intrafamiliar con lesiones psicológicas (-5,0%) y lesiones físicas (-4,6%).
Desde el Gobierno, se destacó que la publicación periódica de estas estadísticas tiene como objetivo fortalecer la transparencia y fomentar un debate público informado, basado en evidencia, sobre temas de seguridad y orden público.
