El Gobierno apoyará un proyecto para inhabilitar a deudores de pensión de alimentos en las elecciones de 2025, según Antonia Orellana y Álvaro Elizalde.
El Gobierno ha manifestado su respaldo a un proyecto que tiene como objetivo prohibir la participación en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025 a aquellos individuos que tengan deudas pendientes en concepto de pensiones alimenticias. Esta declaración fue realizada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en conjunto con el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
La iniciativa surgió tras la publicación por parte del Servicio Electoral de las resoluciones que aceptan o rechazan candidaturas para las elecciones regionales y municipales programadas para el 26 y 27 de octubre. En este contexto, se reveló que 196 postulaciones fueron desestimadas debido a la existencia de deudas vigentes por pensiones alimenticias.
A través de un comunicado, se aclaró que, aunque tener una deuda activa en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias es motivo suficiente para inhabilitar a los candidatos en las elecciones de gobernadores, gobernadoras, consejeros regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, esta condición no se aplica a las candidaturas para la Cámara de Diputadas y Diputados ni al Senado.
La ministra Orellana destacó que, “tal como nos comprometimos durante la tramitación de nuestra Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, hemos definido, junto al ministro Elizalde, patrocinar el proyecto que homologa esta condición hacia los parlamentarios”. Orellana enfatizó que, actualmente, es posible que se inscriban candidatos con deudas vigentes en el Registro para las elecciones parlamentarias, mientras que esta restricción sí se aplica a las elecciones locales, lo que resulta en una incongruencia que debe ser corregida.
Además, la ministra subrayó que “el no pago reiterado de pensiones de alimentos es una vulneración de los derechos de los niños, es una forma de violencia económica y, por lo tanto, infringe la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debiera cumplir”.
Por su parte, el ministro Álvaro Elizalde agregó que, según la legislación actual, aquellos que están registrados como deudores de pensiones alimenticias no pueden ser candidatos en elecciones regionales y locales. En este sentido, Elizalde afirmó que “es necesario aplicar esta prohibición también a los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República”.
