Irán enfrenta una nueva crisis social marcada por protestas masivas que han estallado debido a la grave situación económica del país, caracterizada por una fuerte devaluación de su moneda y una inflación que supera el 40%. Las movilizaciones comenzaron el pasado domingo y han ido en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias regiones.
La actual ola de descontento social se produce en un contexto de crisis financiera sin precedentes en los últimos años, exacerbada por la devaluación del rial, que ha pasado de 820,000 riales por dólar hace un año a 1.45 millones en la actualidad. Esta situación ha llevado a que el salario mensual promedio de un iraní apenas alcance los 100 dólares, lo que dificulta la compra de alimentos básicos, que ahora consumen la totalidad de un sueldo.
Las protestas no solo son una respuesta a la crisis económica, sino que también reflejan un profundo descontento con el régimen del líder supremo Ali Jamenei. Gissou Nia, abogada de derechos humanos del Atlantic Council, señala que “como en las protestas desde diciembre de 2017, suele haber un desencadenante económico; pero si se escuchan las consignas y se observa la magnitud, se trata de una profunda insatisfacción con el régimen y del deseo de que desaparezca”.
Desde el inicio de las movilizaciones, al menos tres personas han muerto y se han reportado numerosas detenciones. La situación ha llamado la atención internacional, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que su país intervendría si se produjeran muertes entre los manifestantes. En sus redes sociales, Trump afirmó: “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”.
Las protestas actuales se inscriben en un ciclo de descontento que incluye episodios de ira social desde 2017, experiencias de violencia extrema en 2019 y críticas culturales al sistema en 2022. Este contexto ha fortalecido la capacidad de resistencia del movimiento, que ahora se enfrenta a una represión violenta por parte del régimen, que intenta intimidar a los manifestantes desde una fase temprana de las movilizaciones.
La situación en Irán se ha vuelto insostenible para amplios sectores de la población, que ya no ven el colapso económico como una crisis corregible, sino como un fallo sistémico del régimen. La escasez de alimentos y medicamentos, junto con el aumento de cortes de agua y electricidad, ha llevado a que muchos ciudadanos se sientan cada vez más dispuestos a asumir el riesgo de la violencia estatal, ya que “quien ya no tiene nada material que perder está más dispuesto a asumir el riesgo de la violencia estatal”, según Nia.
Las autoridades en Teherán han comenzado a enviar señales de apaciguamiento, pero la represión violenta de las protestas indica un gran nerviosismo por parte del régimen. La respuesta del Estado a la violencia de las protestas podría ser un indicativo de su debilidad, ya que la rutina represiva ya no disuade a los manifestantes, sino que confirma que el régimen no ofrece soluciones políticas a la crisis actual.
