La tramitación de una reforma constitucional que busca restringir los indultos presidenciales comenzó esta semana en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, tras su ingreso por parte de parlamentarios oficialistas.
Esta iniciativa tiene como objetivo establecer limitaciones claras para que futuras autoridades no puedan otorgar beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, generando un debate que trasciende el actual gobierno y se proyecta hacia el futuro político del país.
El diputado del PPD, Héctor Ulloa, uno de los principales impulsores del proyecto, afirmó que “el objeto principal de esta reforma tiene como objetivo, naturalmente, evitar que el Presidente de la República pueda indultar a condenados por delitos de lesa humanidad”. Esta declaración resalta la intención de la reforma de asegurar que no se repitan situaciones en las que se otorguen indultos a quienes han cometido crímenes graves contra los derechos humanos.
Desde la oposición, el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional, quien también forma parte de la comisión, criticó la iniciativa, considerándola como “una estrategia político-electoral frente a las elecciones que vienen”. Longton argumentó que ya existe una reforma en el Senado que aborda el mismo tema, sugiriendo que la propuesta actual podría ser redundante o motivada por intereses electorales.
El Gobierno, por su parte, ha manifestado que evaluará la propuesta en su totalidad, enfatizando que cualquier cambio relacionado con los indultos debe cumplir con estrictos estándares en materia de derechos humanos. La ministra vocera, Camila Vallejo, subrayó que la postura del Ejecutivo es clara: no debe haber espacio para beneficios que favorezcan a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Vallejo destacó que este principio es “irrenunciable” en la política pública relacionada con memoria, verdad y justicia.
Además, la ministra Vallejo instó al candidato presidencial José Antonio Kast a clarificar su posición respecto a posibles indultos o conmutaciones de penas para condenados por violaciones graves a los derechos humanos. Vallejo fue contundente al afirmar que “no hay espacio para medias tintas” en casos de torturadores o violadores de menores, advirtiendo que cualquier medida que facilite la liberación anticipada de estos individuos “sería inaceptable”.
