La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha recibido una moción que busca modificar la Ley Nº 20.880, la cual regula la probidad en la función pública y la prevención de conflictos de interés, para incluir a los funcionarios que laboran en los depósitos de armas del Estado.
El proyecto, contenido en el Boletín Nº 17.931-06, surge en respuesta a la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en diversas instituciones públicas, donde se han documentado casos de sobornos y corrupción que han facilitado la sustracción y venta ilegal de armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras entidades estatales. Investigaciones tanto periodísticas como judiciales han evidenciado múltiples incidentes de robo y comercialización de armamento institucional, así como la implicación de funcionarios en redes delictivas.
La iniciativa destaca que, aunque el decreto ley Nº 400 establece regulaciones sobre el registro y trazabilidad de armas institucionales, no existe una normativa que someta a los administradores de los depósitos de armas al régimen de probidad pública, a pesar de su papel crucial en la custodia de material bélico y evidencias bajo control judicial.
Con esta modificación, se propone que los funcionarios que desempeñan funciones directas en arsenales de guerra, el Depósito Central de Armas de Carabineros de Chile, los depósitos de armas de Gendarmería, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones sean considerados sujetos obligados a cumplir con las normas de probidad pública.
El objetivo de la enmienda es reforzar las obligaciones de probidad, prevenir conflictos de interés y disminuir la vulnerabilidad de las instituciones frente al crimen organizado. Además, se actualizará el artículo 5° de la ley para incluir un nuevo numeral 16, que ampliará el catálogo de autoridades y funcionarios que deben presentar declaraciones de intereses y patrimonio, fortaleciendo así las herramientas de transparencia y fiscalización.
Este proyecto de ley, que ya ha cumplido su primer trámite constitucional, ha sido enviado a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para su estudio e informe.
