La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha decidido no continuar con la investigación por el delito de falso testimonio que se dirigía principalmente contra los exarzobispos de Santiago, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, en relación al caso del sacerdote Fernando Karadima. Esta resolución fue reportada por Informe Especial de TVN, y se formalizó en una presentación presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal regional, Xavier Armendáriz, el 27 de febrero del presente año.
Según la solicitud del Ministerio Público, desde el año 2021 hasta la fecha, no se han podido reunir “antecedentes suficientes para fundar una acusación”. La investigación se inició en 2021 tras una querella presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien es hermano y defensor del penalista Luis Hermosilla, figura central en el Caso Audios. Hermosilla argumentó que tanto Errázuriz como Ezzati habían mentido en el contexto de una demanda indemnizatoria presentada ante la Corte de Santiago contra el Arzobispado.
Los demandantes en este caso fueron Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, quienes son víctimas de Karadima. En 2019, la justicia falló a su favor, ordenando el pago de un total de $441 millones para los tres. Según Hermosilla, Errázuriz había afirmado que había cumplido con las normas canónicas tras las denuncias contra Karadima. Sin embargo, el abogado sostiene que el arzobispo no dijo la verdad, ya que sus acciones procesales contribuyeron a dilatar el caso.
En la querella presentada ante la Fiscalía Centro Norte, Hermosilla citó un correo electrónico enviado por Errázuriz al nuncio apostólico Giuseppe Pinto. En este correo, se evidenció, según Hermosilla, la falta de diligencia de la iglesia chilena, ya que Errázuriz instruyó que el contenido del mensaje no fuera conocido ni archivado en los registros eclesiásticos.
Cruz, Hamilton y Murillo también habían interpuesto acciones legales en el antiguo sistema de persecución penal, específicamente por los delitos sexuales cometidos por Karadima. En este contexto, en 2011, la ministra en visita Jéssica González fue designada para investigar los hechos. Entre las diligencias realizadas, la magistrada llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del abogado de Karadima, Juan Pablo Bulnes, y confiscó la investigación canónica realizada por el Vaticano, que había sancionado a Karadima como autor de delitos sexuales.
A pesar de que los hechos estaban prescritos y la causa debió ser sobreseída, González logró acreditar la conducta criminal de Karadima. Sin embargo, fue solo en 2018 cuando el papa Francisco expulsó a Karadima de la iglesia, quien falleció en julio de 2021 sin haber enfrentado una condena judicial, a pesar de que los detalles del caso fueron revelados en 2010 por Informe Especial.
Informe Especial consultó a la Conferencia Episcopal sobre las novedades del caso y la decisión del Ministerio Público, pero optaron por no hacer comentarios. Por su parte, el Arzobispado de Santiago también eligió el silencio, a pesar de que tanto Ezzati como Errázuriz son arzobispos eméritos de esta institución religiosa.
