La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por las deficientes condiciones de detención de adolescentes en centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y por la muerte de diez jóvenes en un incendio ocurrido en el Centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt en 2007. El tribunal determinó que Chile no implementó las medidas necesarias para prevenir la tragedia ni actuó con la diligencia requerida para enfrentar el incendio, lo que constituye una violación a los derechos a la vida, integridad personal y niñez de los adolescentes detenidos.
Responsabilidad del Estado chileno
La CorteIDH concluyó que “el Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad en el Centro ‘Tiempo de Crecer’ de Puerto Montt, no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio del 21 de octubre de 2007, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente”.
Un sistema en crisis: vulneraciones en centros del SENAME
Además del incendio en Puerto Montt, la CorteIDH responsabilizó a Chile por las condiciones precarias de privación de libertad en las que permanecieron 271 adolescentes alojados entre 2006 y 2009 en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué, San Bernardo y “Tiempo de Crecer”, todos bajo la administración del SENAME.
Entre las violaciones de derechos humanos señaladas en estos centros, el fallo menciona que los sistemas de responsabilidad penal adolescente deben ser especiales y distintos de los que rigen para adultos, priorizando medidas socioeducativas en lugar de enfoques estrictamente punitivos. La CorteIDH subrayó que “los menores de edad se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, por lo que el Estado debe adoptar medidas especiales y garantizar sus derechos con mayor cuidado y responsabilidad”.
Medidas ordenadas al Estado chileno
En su sentencia, la CorteIDH exigió a Chile adoptar acciones concretas para mejorar las condiciones en los centros de detención de adolescentes.
Chile reconoce parcialmente su responsabilidad y compromete medidas
Durante el proceso, el Estado chileno aceptó parcialmente su responsabilidad en el caso y reconoció algunas fallas en la protección de los jóvenes detenidos. Tras el fallo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado reiterando su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de los adolescentes privados de libertad.
El comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó: “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reitera su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de adolescentes que han infringido la ley y están bajo la custodia del Estado, priorizando el respeto a sus derechos fundamentales y promoviendo sus procesos de reinserción social, en un entorno protector y que garantice su desarrollo personal”.
Asimismo, el gobierno anunció que se encuentra en proceso de revisión y estudio del fallo para implementar las medidas ordenadas por la CorteIDH en los plazos estipulados. El fallo de la CorteIDH reafirma la necesidad de reformas estructurales en el sistema de justicia juvenil en Chile, un tema que ha sido objeto de debate y críticas por décadas debido a las graves deficiencias en la protección de los derechos de los adolescentes privados de libertad.
