El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de desregulación que busca evaluar y derogar normativas obsoletas en el Estado. Esta medida fue oficializada a través del decreto 90/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias deberán realizar un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos”.
Objetivo del relevamiento normativo
De acuerdo con lo dispuesto, cada organismo tiene un plazo de 30 días para presentar ante el Ministerio de Desregulación y Transformación un informe que contenga un listado de las normativas que hagan al ámbito de su competencia. Esto incluye leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), ejercicio de facultades delegadas y reglamentaciones autónomas. El documento debe detallar las normas que sugieren derogar o modificar, “con debida motivación”.
Criterios para la elaboración del informe
Para la elaboración del informe, se deben tener en cuenta una serie de criterios. Entre los argumentos que sustentan esta decisión se encuentra el marco de lineamientos de Buenas Prácticas en Materia de Simplificación, aplicables al funcionamiento del Sector Público, establecidos en el decreto 891/17. Este marco tiene como objetivo “generar mejores regulaciones, dar transparencia a los procesos regulatorios y promover el crecimiento económico, el libre comercio y la inversión”.
Además, se recuerda que este manual establece que “deberá aplicarse mejoras continuas a los procesos, a través de la utilización de nuevas tecnologías y herramientas informáticas, utilizando instrumentos más innovadores y menos onerosos, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos que afectan a los administrados, así como eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios”.
Impacto de la eliminación de normativas
La normativa también indica que el principal objetivo es “lograr una gestión eficiente de los recursos públicos, permitiendo un enfoque en las cuestiones relevantes y prioritarias, y brindando respuestas rápidas y transparentes a los ciudadanos”. La eliminación de normativas obsoletas contribuye a una mayor claridad legal, facilitando la interpretación por parte de los ciudadanos y operadores jurídicos, y reduciendo la ambigüedad y la incertidumbre jurídica.
Se sostiene que la proliferación normativa, generada por la emisión de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y disposiciones circulares, ha llevado a una superposición, desactualización y dispersión de normas, lo que ha generado confusión sobre cuáles son las vigentes. En este contexto, se destaca que todo esto “trae como consecuencia inseguridad jurídica y restringe el desenvolvimiento de la vida”, lo que también afianza lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
